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CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CdMx) desechó las tres pruebas de abuso sexual que presentó Mireya, la mujer que envenenó a sus tres hijos en la Magdalena Contreras, por parte del padre de los menores, revelaron este día grupos de la sociedad civil.

De acuerdo con el portal de noticias Sin Embargo, en conferencia de prensa, un grupo de expertos en materia de derechos humanos que analiza el caso dio a conocer que este tiene una larga cadena de inconsistencias y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia para Mireya y el interés superior de sus hijas e hijo.

Los cuerpos de un niño de 10 años de edad, dos gemelas de seis años, una mujer de 38 años y un adulto mayor fueron hallados sin vida el pasado 7 de junio en un domicilio en la delegación Magdalena Contreras.

Los activistas refirieron que la revisión inmediata del presente caso deriva de que en diciembre de 2010, Mireya detectó violencia sexual contra su hijo, entonces de tres años de edad, por lo que solicitó al Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” un diagnóstico que confirmó la agresión sexual contra su hijo el 16 de junio de 2011.

Con base en el informe del hospital, señalaron, Mireya decide entablar una denuncia penal contra su todavía esposo Leopoldo Olvera Silva ante el Ministerio Público (Denuncia: A.P. FDS-6/T2/5/6/11-06) por abuso sexual contra el hijo de ambos. En ese momento, la mujer ya estaba por dar a luz a las gemelas, y su esposo había iniciado los trámites de divorcio.

Autorizan visitas del padre

En enero de 2012, la Jueza Décima de lo Familiar determinó un régimen de visitas y convivencias provisional en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) entre exclusivamente Leopoldo Olvera Silva y sus hijas, a pesar de la evidencia proporcionada por el hospital respecto a la violencia sexual del niño por parte de su progenitor. Al cabo de tres meses, el 25 de abril de 2012, Olvera Silva solicitó a la Jueza Décima de lo Familiar un régimen de visitas y convivencias con su hijo.

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El 14 de junio de 2012, la jueza solicitó al DIF de la Ciudad de México un primer peritaje al niño y al padre, en el cual los peritos especializados evidenciaron nuevamente que había elementos que demostraban la presencia de signos y síntomas derivados de un continuado abuso sexual infantil en el niño.

Posteriormente, es el padre del menor quien solicita al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) un peritaje, el cual en hora y media determinó que el niño no presentó evidencia de abuso sexual.

En los meses siguientes, la mujer decidió someter a terapias a su hijo, de las que derivó otro peritaje de evidencia de abuso sexual que le fue entregado a la Jueza, quien solicitó a la madre abstenerse de las terapias si esta no se lo había autorizado.

En febrero de 2014, Mireya interpuso otra denuncia contra su exesposo, esta vez por supuesto abuso sexual cometido contra sus dos hijas, y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México contra la Jueza Cristina Espinosa Roselló.

El caso fue retomado en octubre de ese año por la jueza Silvia Araceli García, quien también omitió los peritajes, otorgándole la guarda y custodia de los tres menores al padre.

Ocultan el contenido de la carta póstuma

Los activistas recordaron que por filtraciones de la misma Procuraduría, entonces a cargo de Rodolfo Ríos Garza, un día después del hallazgo de los cinco cuerpos se supo que en el lugar también fue hallada una carta póstuma, en la que la madre explicaba sus motivos: había decidido quitarle la vida a los menores, y luego suicidarse junto con los abuelos, para evitar que los niños quedaran bajo la tutela del padre, al que acusaba de abusar sexualmente de ellos.

La Procuraduría rápidamente salió ante los medios de comunicación para descartar la veracidad no de la carta, sino de su contenido. Incluso, Rodolfo Ríos afirmó que aún cuando la mamá había presentado tres denuncias en contra del progenitor, entre 2012 y 2016, en todos los casos se descartó que los niños sufrieran de abuso sexual”.

“Hubo tres expedientes (judiciales, relacionados con las denuncias) y en ninguno de ellos se acreditó que existiera un abuso sexual”, subrayó el entonces Procurador.

Sin embargo, señalaron, Ríos Garza mentía: en el expediente integrado por este caso sí existen peritajes, incluido uno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que confirman los ataques sexuales perpetrados por el padre.

En un pronunciamiento firmado por más de 40 organizaciones, se condenaron las omisiones de las autoridades, la falta de rigor jurídico en el seguimiento y la inobservancia al proceso por no asegurar un resultado justo y equitativo en las diferentes etapas procesales, en diferentes momentos, inhibió la procuración de justicia a Mireya y a sus hijos, no se hicieron valer sus derechos y se les dejó en una total indefensión exponiéndolos al escarnio de la opinión pública.

Asimismo, se exigió que el Tribunal capitalino investigue de manera exhaustiva las quejas en relación a este caso, y castigar con todo el peso de la ley a quienes resulten responsables; la destitución inmediata de los operadores encargados de la supuesta impartición de justicia involucrados; y el acceso a la justicia y debida diligencia con perspectiva de género, derechos humanos e interés superior de la infancia para esclarecer los hechos.