20 de Julio de 2018

México

Estaciones migratorias de México, una pesadilla para inmigrantes

Un informe revela que la Policía Federal y la municipal son las más señaladas por atacar a los indocumentados.

Durante su paso por México las personas que buscan llegar a EU son víctimas de diversos delitos como el secuestro, robo y extorsión. Migrantes centroamericanos interceptados en México camino a EU. (Archivo/EFE)
Durante su paso por México las personas que buscan llegar a EU son víctimas de diversos delitos como el secuestro, robo y extorsión. Migrantes centroamericanos interceptados en México camino a EU. (Archivo/EFE)
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Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró que en las estaciones migratorias mexicanas los recluidos sufren hacinamiento, sobrepoblación y carecen de servicio médico. 

El organismo defensor de los derechos humanos supervisó 10 estancias a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) -dependiente del Gobierno federal- donde se entrevistó con personal médico y personas detenidas mientras se resuelve su situación legal en el país. 

La CNDH dirigió al comisionado del Instituto una serie de propuestas para evitar que la situación que se vive actualmente en estos lugares pueda derivar en actos de tortura.

Durante su paso por México las personas que buscan llegar a Estados Unidos son víctimas de diversos delitos como el secuestro, el robo, la extorsión, la privación ilegal de la libertad y homicidio. Además los emigrantes no sólo son víctimas del crimen organizado, sino también de las autoridades de todos los niveles de Gobierno. Un informe de la red de organizaciones defensoras de migrantes revela que la Policía Federal y la municipal son las más señaladas por participar en estos delitos. 

De acuerdo con el sitio web internacional.elpais.com, el documento Migrantes en tránsito por México: rostro de la crisis humanitaria que se realizó con base en 30 mil entrevistas arrojó que durante 2015 unas siete mil personas fueron “levantadas” durante su tránsito por México y se desconoce su paradero.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció la deficiencia que hay en los centros migratorios del país

A principios de mes las autoridades de Chiapas descubrieron una red de tráfico de indocumentados que era operada por policías municipales y era liderada por el hermano del alcalde de Chiapa de Corzo, una localidad del sur del país. 

Según un reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado, los policías detuvieron a un autobús de turismo y al detectar que había personas provenientes de Centroamérica que no portaban documentos para justificar su legal estancia en el país, los bajaron de la unidad y los escondieron en las patrullas policiales. 

Unas 19 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la corporación donde fueron escondidas en un cuarto. Entre los secuestrados había mujeres y niños que buscaban llegar a Estados Unidos. 

Los migrantes contaron que los policías les pidieron los nombres y números telefónicos de sus familiares en Guatemala, Honduras y El Salvador para pedir tres mil pesos de rescate por cada uno (unos 157 dólares).

En el reporte elaborado por parte de personal de la Comisión de Derechos Humanos se detalla que en los sitios inspeccionados en entidades como Guerrero, Michoacán y Veracruz las instalaciones eléctricas son inadecuadas, no hay suficientes camas, las condiciones de higiene son deficientes, no hay servicios de traductores o intérpretes y el persona que se encarga de la seguridad es insuficiente. Pero no es el único informe donde se han advertido deficiencias en estas instancias. 

Un documento elaborado por diversas organizaciones defensoras de migrantes indica que en la Estación Migratoria Siglo XXI, la más grande del país los adolescentes en reclusión han denunciado abusos de poder que a veces llegan a los jaloneos o golpes por parte de los agentes o custodios. 

En este centro ubicado en Tapachula, Chiapas -la puerta de entrada desde Centroamérica- hay registros de testimonios de tortura y maltratos en situaciones de traslados forzosos, advierte el informe Derechos Cautivos 2015.

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