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MÉXICO, DF.- Los congresos de Chiapas y Baja California aprobaron la reforma educativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, convirtiéndose en las primeras entidades en avalarla.

En el primer caso fueron 39 integrantes de la 65 Legislatura (dos diputados tuvieron faltas justificadas) quienes sufragaron en favor de la iniciativa presidencial.

En el segundo, según el diputado federal Fernando Castro Trenti, del PRI, la minuta fue aprobada con los votos de su partido, PRD, PVEM, PT y Partido de Baja California.

En tanto, Nueva Alianza votó en contra y el Partido Acción Nacional se abstuvo, según informa Milenio.

Por su parte, el presidente del Congreso chiapaneco, el priista Noé Castañón, señaló que la reforma educativa es muy necesaria para el desarrollo del sector, al que consideró “la bujía que trae desarrollo al país.”

El legislador consideró que Chiapas debe sumarse al esfuerzo de Peña Nieto, quien desde la Federación, en unión con las tres fuerzas políticas mayoritarias nacionales a través del Pacto por México, alcanzará un mejor desarrollo para esta entidad y el país.

La decisión en el Congreso chiapaneco corrió a cargo de todos los partidos, incluidos PAN y PRD.

En lo general, los congresistas locales coincidieron en que el sector educativo se encuentra rezagado, por lo que resulta inminente, impostergable y necesario un cambio estructural para corregir viejos vicios en la docencia.

El principio de la reforma educativa, aprobada el pasado 22 de diciembre en la Cámara de Diputados, es incorporar el artículo tercero constitucional al concepto de calidad educativa y la creación del Sistema Nacional de Evaluación, entre otros puntos importantes, precisó el legislador.

La reforma educativa es de avanzada e impulsará las transformaciones que México necesita para su desarrollo en beneficio de todos los sectores, sin afectar al magisterio, dijo el vicecoordinador jurídico del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez de la Garza.

El legislador por Nuevo León remarcó que la reforma beneficia a maestros, padres de familia y a las escuelas en su infraestructura.

Resaltó que los maestros pueden estar tranquilos, pues si bien se van a hacer evaluaciones, no significa violentar el artículo 123 apartado B de la Constitución.