Citan a comparecer a 10 exfuncionarios tabasqueños

Deben explicar destino de recursos. Llaman a los extitulares de Salud, Educación, Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

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El extesorero José Sáiz Pineda excolaborador de Andrés Granier, fue detenido por elementos de la PGR ya se encuentra tras las rejas. (Archivo Notimex)
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Agencias
VILLAHERMOSA, Tabasco.- La Procuraduría General de Justicia de Tabasco determinó citar a comparecer a 10 funcionarios de la administración de Andrés Granier para que expliquen el destino de más 3 mil 910 millones de pesos, que presuntamente fueron desviados en la gestión del priista.

De acuerdo con el MP, se presentarán en calidad de “testigos de hechos” y rendirán cuentas del supuesto desfalco de recursos federales en cuatro dependencias: Salud, Educación, Seguridad Pública y Procuración de Justicia.

El viernes, el exsecretario de Salud, Luis Felipe Graham, fue llamado por la procuraduría para aclarar el uso indebido de mil 226 millones de pesos; sin embargo, no se presentó.

Asimismo, su exdirector administrativo Adalberto Vázquez, de quien se desconoce su paradero, envió un justificante médico al ministerio tabasqueño para no asistir al requerimiento legal.

Su sucesor, Carlos M. de la Cruz, dijo sentirse tranquilo de lo que fue su gestión de un año al frente de la dependencia. Hoy continuará la pasarela de comparecencias con los llamados a los encargados de la secretaría de Educación Pública estatal.

La exencargada de la política educativa local, Beatriz Luque, es señalada de haber permitido la venta de plazas y cobrar su salario, a pesar de estar en campaña para una diputación local, misma que perdió. Según el gobierno de Núñez, las irregularidades en este sector suman 600 millones 600 mil pesos.

Su sucesora: Deyanira Camacho, de quien se desconoce su estatus jurídico y los delitos que le imputan, es acusada por los partidos políticos por solapar las irregularidades de su predecesora.

Mario Carrillo Díaz, excoordinador de administración educativo, deberá presentarse ante para dar cuenta del mal manejo de los recursos públicos.

Al mayor Sergio López Uribe, exsecretario de Seguridad Pública, se le señala por haber ejercido 84 millones sin apego a los gastos de operación federales. Además, se le investiga por la compra y venta de diversos inmuebles a finales de la gestión de Granier.

El exprocurador Gregorio Romero acudirá para aclarar el destino de 2 mil millones de pesos, desvío por el cual tiene diversas demandas ante el Poder Judicial federal y estatal.

Aún sin fecha por definir para rendir su comparecencia, será citado el anterior contralor del estado, Roger Pérez, para que dé su versión del presunto quebranto al estado.

Ayer se le dictó auto de formal prisión a la exresponsable de la caja fuerte de la Secretaría de Finanzas, Esperanza Mayo, quien en la víspera declaró que los más de 939 mdp presuntamente desviados en la administración de Granier fueron enrollados en ligas, acomodados en cajas de cartón y guardados en una bóveda a cuya puerta no le ponían seguro y “después de un día, el dinero desaparecía”.

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