Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Una tercera parte de la sociedad mexica acepta o legitima utilizar la tortura si esta se ejerce para protegerla de riesgos como violación, secuestro o extorsión, o bien para que se aplique a quienes cometan tales delitos o sean parte del narcotráfico.

Esto de acuerdo con el “Diagnóstico Nacional de la Percepción de la Población sobre la Práctica de la Tortura”, realizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a través de su Comité de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Los resultados de este diagnóstico arrojan datos preocupantes como sociedad mexicana, por lo que se destaca la necesidad de que exista un marco jurídico sólido”, señala el documento.

Agrega que en contraste con el aval que da una parte de la sociedad a la tortura, aproximadamente una tercera parte de la muestra teme ser sujeto de tortura si es detenido.

Esto “desapareciendo la barrera entre considerar que solamente a otras personas imputadas les puede ocurrir tal hecho, revirtiendo la reflexión de que cualquiera puede ser víctima de tortura y, en consecuencia, todas y todos debemos indignarnos ante todos los casos de esta práctica, sin importar la situación jurídica de la persona o el delito que se le impute”.

El diagnóstico, realizado por el comité a cargo de la especialista Verónica Cervera Torres y coordinado por la comisionada Susana Thalía Pedroza de la Llave, contó con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México, que firmó un convenio con la CEAV para la elaboración de una encuesta aplicada a mil 200 personas mediante la selección de una muestra representativa a escala nacional.

Alrededor de la tercera parte de la sociedad mexicana “acepta o legitima la utilización de la tortura como práctica, pese a identificar su nivel de gravedad y métodos para ciertos supuestos como: proteger a la población de un riesgo inminente o ante determinados delitos graves, violación, secuestro, extorsión, robo, traición a la patria y fraude, principalmente”.

Este segmento avala la aplicación de la tortura “a personas que cometan tales ilícitos o bien que pertenezcan al narcotráfico, y también como un instrumento eficaz de sometimiento y castigo para la consecución de ciertos fines y la obtención de la verdad”.

Como factores de la persistencia de la tortura fueron atribuidos la corrupción, las malas prácticas y la falta de capacitación de las autoridades, así como la impunidad y la dificultad para acreditar los hechos.

Además, “al presente diagnóstico se suma, como un factor de permanencia, el elemento cultural debido a que... una parte importante de la población justifica su práctica bajo determinados supuestos”.

33.7 por ciento de los encuestados consideraron que la Policía Judicial es la que comete tortura más frecuentemente; 21.8 por ciento señaló a la Policía Municipal o Estatal, 12.4 por ciento a la Policía Federal, 11.7 por ciento a los agentes del Ministerio Público, mientras que 6.7 por ciento señaló a la Marina y al Ejército.

La CEAV puntualizó que el diagnóstico “constituye un esfuerzo en la lucha contra la práctica de la tortura en nuestro país, destacando un enfoque sociológico y cultural más allá del aspecto jurídico”.

Advirtió que pese a los marcos jurídicos nacional e internacional sobre la proscripción de la tortura, “no trascenderemos a su plena eficacia y erradicación mientras las personas no tengan conocimiento de ello y, sobre todo, la toleren o acepten como algo necesario para la obtención de ciertos fines”.

También alertó que “sin la voz y la presencia activa de una sociedad contraria a la tortura, la posibilidad de que el gobierno rinda cuentas, castigue a los responsables y se consolide un auténtico estado democrático de derecho disminuye”.

Subrayó que si se avanza en que la sociedad sea consciente, de que todas las personas tienen derechos humanos y que nadie debe o merece sufrir tortura, sin duda se dará un paso importante en la consolidación de un Estado de derecho, una cultura de derechos humanos y la erradicación de esta práctica, ya que no se buscará una justificación, sino la exigencia de justicia para las víctimas y el castigo a los responsables.