12 de Diciembre de 2017

México

Comisión Anticorrupción de Peña Nieto perseguirá a particulares

La nueva instancia estaría formada por cinco comisionados, sujetos a juicio político y con salarios equiparables a los de los ministros de la Suprema Corte.

El esquema de la dependencia propuesta por Peña Nieto será similar al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Notimex)
El esquema de la dependencia propuesta por Peña Nieto será similar al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Notimex)
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Milenio
MÉXICO, D.F.- El gobierno de Enrique Peña pretende crear una nueva instancia que persiga e investigue los delitos de corrupción cometidos por cualquier funcionario de gobierno e incluso por particulares.

Las características de la nueva dependencia descritas en el proyecto de iniciativa desprenden que será autónoma, con personalidad jurídica propia, independencia para el ejercicio de su presupuesto, organización interna y sobre las investigaciones que se lleven a cabo.

Es decir, contrario a otras organizaciones encaminadas a buscar el cumplimiento de la ley en un rubro específico, la comisión anticorrupción contará con facultades legales para ejercer acción penal en contra de quien investigue.

De acuerdo con lo adelantado por el presidente electo, esta semana se presentará el dictamen con el que se crea la Comisión Nacional Anticorrupción.

En este proyecto presenta una nueva dependencia constituida por cinco comisionados que podrán ser sujetos de juicio político y tendrán el mismo salario que los ministros de la Suprema Corte.

Según el documento preliminar de la iniciativa de ley, la Comisión tendrá facultades para hacer una investigación por acciones de corrupción cometida por funcionarios de los tres niveles de gobierno. Al igual que el Ministerio Público, podrá ejercer acción penal en contra de quienes comentan un delito de esta índole y su acción podrá iniciarse tanto por oficio como por una denuncia directa.

El proyecto de ley que se presentará ante el Congreso detalla que la comisión se conformará por cinco comisionados propuestos por el Presidente y aprobados por el Senado.

Sin embargo, la designación de los comisionados recae en el Presidente de la República debido a que en caso de que las propuestas del Ejecutivo sean desechadas por los senadores, el mandatario será quien haga la designación de manera directa.

Durarán en su cargo siete años sin posibilidad de reelección, contarán con la misma remuneración que los ministros de la Suprema Corte y serán sujetos de juicio político.

Una vez electos los comisionados elegirán a su presidente por un periodo de tres años sin derecho a reelegirse, en un esquema similar al que se tiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para evitar que en un tiempo posterior se modifique la conformación del nuevo organismo, en el cuerpo de la iniciativa se detalla que podrán "interponer acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, con la finalidad de salvaguardar sus atribuciones y su autonomía".

Como parte de los considerandos para la elaboración de la reforma, se argumenta que la corrupción en el país tiene consecuencias en ámbitos como la inversión, e incluso afirma que "amenaza la estabilidad macroeconómica, puesto que los funcionarios que roban de las arcas públicas están extrayendo recursos que son necesarios para balancear los presupuestos y estabilizar la economía".

Asimismo, concluyen que "hay evidencia suficiente para sostener que gracias a la corrupción se incrementan los precios de los bienes y servicios, y que éstos resultarán de menor calidad".

Modelo internacional

El modelo de la comisión fue retomado de esquemas internacionales de países como Indonesia, Brasil, Hong Kong y Chile.

En comparación con naciones de América, México se ubica en la posición 20 de 32 países evaluados por un mismo índice.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, el país tiene la peor calificación en los 10 años recientes.


fp/ev

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