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CIUDAD DE MÉXICO.- A 50 años de la masacre de estudiantes ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México, el Comité del 68 presentará una demanda de amparo para solicitar la reapertura del proceso penal en contra del ex presidente Luis Echevarría Álvarez y se retomen las investigaciones de este caso por el delito de genocidio.

De acuerdo a La Jornada, Dulce González y Víctor Guerra, integrantes del Comité 68, anunciaron en conferencia de prensa, las acciones legales que tomarán para que se castigue a Echeverría Álvarez, quien se desempeñaba como secretario de Gobernación en ese entonces.

El Comité del 68 buscará que “se reactiven las actuaciones por parte la Procuraduría General de la República (PGR) para que se termine la impunidad en este caso”.

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“Exigimos que la PGR cumpla con la obligación constitucional que le impone el artículo 102 fracción VI, de perseguir los delitos de orden federal y continúe con la investigación ministerial para volver a consignar el expediente de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/003/2002, que aún se encuentra abierta por el delito de genocidio en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez, quien no fue exonerado, sino puesto en libertad con reservas de ley”, indicó González.

Durante la conferencia de prensa revelaron que pedirán la rehabilitación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), “y retomar los casos que quedaron en curso cuando ilegalmente fue cerrada”.

Boletín de prensa: A 50 años del genocidio del 2 de octubre de 1968 #FueelEstado ¡Juicio y castigo a Luis Echeverria Alvarez! pic.twitter.com/CoHda9WUAZ

— Comité 68 Pro Libertades Democráticas (@comite68) 13 de septiembre de 2018

Al expresidente se le acusa no sólo de la masacre de estudiantes en 1968, también se le responsabiliza de la matanza de 1971 conocida como El halconazo o la Matanza del Jueves de Corpus, y de la desaparición forzada de personas en la llamada Guerra sucia de México.

En 2006 se le decretó auto de formal prisión por el delito de genocidio por las matanzas de estudiantes en 1968 y 1971, pero un año después un tribunal federal le concedió la suspensión definitiva del auto.

En 2009 un tribunal federal decretó la libertad absoluta del expresidente, así como su exoneración del cargo de genocidio.