Agencias
MÉXICO, D.F.- En su informe anual, Amnistía Internacional denunció que en México continuaron las detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas por fuerzas policiales y de seguridad, menudo actuaban en convivencia con funcionarios públicos. El sistema de justicia penal adolece de graves deficiencias, y el 98 por ciento de los delitos quedan impunes.

El gobierno del expresidente Felipe Calderón, indicó AI, continuó haciendo caso omiso de los indicios fehacientes de violaciones de derechos humanos generalizadas, según informa Milenio.

Durante los seis años de Calderón en la presidencia, que concluyeron en diciembre de 2012, más de 60 mil personas murieron y 150 mil se convirtieron en desplazadas a causa de la violencia asociada a las drogas. Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas fueron responsables de la gran mayoría de los homicidios y secuestros.

Destaca que el nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto firmó un pacto con otros partidos políticos, que incluía algunos compromisos en materia de derechos humanos, y se comprometió a luchar contra los índices persistentemente altos de pobreza.

En su informe, AI indica que la población indígena corre “un especial peligro” de ser sometida a procedimientos penales injustos.

Durante el sexenio de Calderón, no se disponía de información sobre violaciones a derechos humanos: AI

De los migrantes en tránsito, indica que son víctimas de ataques tales como secuestros, violaciones y trata de personas. Y continuaron los asesinatos, ataques y amenazas en contra periodistas y activistas de derechos humanos.

La violencia contra mujeres y niñas era generalizada. Y persistió la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas de 1960, 1970 y 1980. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó fallos innovadores que incorporaban obligaciones en materia de derechos humanos, incluidas restricciones a la jurisdicción militar.

Amnistía destaca que con la elección del presidente Enrique Peña Nieto, el PRI consiguió gobernadores en más estados y aumentó su representación en el Congreso de la Unión.

Y la reñida campaña electoral fue testigo del nacimiento de un movimiento social de protesta juvenil, #YoSoy132, crítico con el proceso electoral y con el candidato del PRI. El debate político estuvo dominado por la inseguridad y la violencia derivadas de la respuesta militarizada del presidente Calderón a la delincuencia organizada.

En materia de seguridad pública: “miembros del Ejército, la Marina y la policía municipal, estatal y federal fueron responsables de violaciones de derechos humanos graves y generalizadas cometidas en el contexto de operaciones de lucha contra la delincuencia y acciones realizadas en connivencia con bandas delictivas.

"El gobierno se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales. La impunidad era generalizada, por lo que el resarcimiento que obtenían las víctimas era escaso o inexistente”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 921 denuncias contra las fuerzas armadas y 802 contra la Policía Federal. A lo largo del año se formularon 21 recomendaciones al ejército y la armada y 9 a la Policía Federal.

No se disponía de información pública sobre los policías procesados y condenados por violaciones de derechos humanos. A lo largo del año, sólo ocho militares fueron condenados en el sistema de justicia militar.

Este jueves Amnistía Internacional presentará públicamente el informe al que asistirán defensores de derechos humanos.