16 de Diciembre de 2017

México

Sentencian a General que ordenó torturar e incinerar a un detenido

La pena es la más alta que hasta el momento se haya impuesto contra un miembro de las Fuerzas Armadas de México.

Los subordinados del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Manuel de Jesús Moreno Aviña torturaron a un hombre con tal de obtener información: el detenido falleció y su cuerpo fue incinerado por órdenes del mando militar. Imagen estrictamente referencial. (Archivo/Notimex)
Los subordinados del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Manuel de Jesús Moreno Aviña torturaron a un hombre con tal de obtener información: el detenido falleció y su cuerpo fue incinerado por órdenes del mando militar. Imagen estrictamente referencial. (Archivo/Notimex)
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Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez sentenció a 52 años y medio de prisión a un general del Ejército mexicano por ordenar la tortura de un sospechoso y quemar después su cadáver. Se trata de una de las sentencias más largas contra un oficial de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con The Associated Press.

El Consejo de la Judicatura Federal dijo el jueves que la condena contra el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Manuel de Jesús Moreno Aviña, proviene de un caso de 2008 ocurrido en el estado de Chihuahua, aunque salió a la luz pública hasta 2012.

La autoridad jurisdiccional señala que se acreditó que la víctima fue detenida viva durante las primeras horas del 25 de julio de 2008, por elementos en activo de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada en una ciudad de Chihuahua.

Posteriormente fue llevado a las instalaciones de esa unidad, en donde en ventaja numérica de activos lo ataron y mojaron para aplicarle descargas de energía eléctrica en el cuerpo, con el propósito de obtener información respecto de la muerte de un militar, esto en presencia de diversos elementos castrenses quienes interrogaban a otros individuos, por orden del sentenciado, mientras otros elementos daban seguridad a la víctima y sus codetenidos, prolongando los actos de tortura aproximadamente a las 9 de la mañana de esa fecha.

La víctima falleció a pesar de los primeros auxilios que le fueron proporcionados, a consecuencia muy probablemente de fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio secundarios a descargas eléctricas.

Después, por órdenes directas del General, el cadáver de la víctima fue subido a un vehículo y transportado a un rancho en el que fue incinerado de manera clandestina; ello sin hacerlo del conocimiento de la autoridad ministerial correspondiente, aún a sabiendas que los mismos eran constitutivos de varios ilícitos.

Más muertes

Trascendió que durante el lapso que permanecieron al frente de la Compañía de Infantería No Encuadrada (CINE), Moreno Aviña, junto con sus subordinados, el teniente coronel José Julián Juárez y el mayor Alejandro Rodas Cobón, entre otros, ordenaron la ejecución de al menos siete personas más.

Según las declaraciones de oficiales y soldados, que aparecen dentro de la causa, estos mandos ordenaban ejecuciones, se quedaban ilegalmente con vehículos asegurados, recibían sobornos de narcotraficantes y  trabajaban con grupos criminales, llegando al extremo de devolver dentro de las propias instalaciones militares de Ojinaga, armas y droga confiscada a los narcotraficantes y liberarlos sin consignarlos a las autoridades.

Con respecto a los homicidios cometidos, torturaron y luego incineraron con diesel y gasolina a algunas de las víctimas, quienes se dedicaban a ser 'halcones' de grupos criminales, para obtener información, y luego esparcían las cenizas en ríos o veredas para que no quedara evidencia.

Otros casos

Oficiales del Ejército mexicano han sido sentenciados en casos diversos por corrupción o por ayudar a los contrabandistas de drogas, pero rara vez por tortura o con sentencias tan largas.

En 1997, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue arrestado después de haber sido nombrado el principal funcionario antinarcóticos del país. Posteriormente fue declarado culpable de tráfico de drogas, crimen organizado y corrupción, y sentenciado a 40 años de cárcel.

Las fuerzas armadas mexicanas han sido sacudidas en años recientes por acusaciones de tortura, abuso y ejecuciones.

Esta semana, jueces ordenaron que dos soldados y tres agentes de la policía federal sean juzgados con relación a la tortura de una mujer, acto que fue captado en video. Las imágenes, que circularon en las redes sociales y en medios de comunicación tradicionales en los últimos días, muestran a una soldado que interroga a la mujer, le jala el cabello y le coloca el cañón de un fusil contra la cabeza. Después, una policía asfixia a la mujer colocándole una bolsa de plástico sobre la cabeza hasta que casi se desmaya.

En la investigación penal más conocida en México -la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en 2014-, algunos de los sospechosos afirman que militares los torturaron para que confesaran que habían matado a los alumnos.

Tres soldados enfrentan cargos de homicidio en tribunales civiles por el homicidio de sospechosos en un almacén de granos en 2014. Las investigaciones afirman que entre 12 y 15 de ellos fueron ejecutados después de que se rindieron.

Disculpa pública

El Consejo de la Judicatura Federal también condenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a:

  • Brindar la atención médica y psicológica de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, que hubieren requerido o requieran a quien acredite los derechos sucesorios de la víctima, como consecuencia del delito.
  • Asimismo, deberá efectuar la declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o escritos.
  • Deberá ofrecer una disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, por virtud de que el delito se cometió por un servidor público.

***

Además, en la resolución se condena al inculpado y a la Sedena al pago de la reparación del daño por un monto de 250 mil 470 pesos a favor de quien acredite los derechos sucesorios de la víctima.

(Con información de AP y el Consejo de la Judicatura Federal)

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