Alejandro Domínguez/Milenio
MÉXICO, D.F.- Para que las propuestas en materia de seguridad y justicia que hizo el presidente Enrique Peña Nieto entren en vigor se requieren reformas constitucionales y creación de nuevas leyes.

En el Congreso de la Unión ya se discuten las modificaciones.

Primera medida

-Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.

Busca que el gobierno federal pueda asumir la dirección de un municipio cuando haya indicios de que fue infiltrado por la delincuencia.

Desde el lunes 1 de diciembre el Ejecutivo envió al Senado la iniciativa de reforma en seguridad y justicia que contiene la nueva ley contra la infiltración del crimen en autoridades municipales.

La iniciativa fue turnada a comisiones donde se deberá dictaminar y aprobar, una vez votada deberá ser enviada al pleno del Senado. Si se prueba se enviará a la Cámara de Diputados donde debe ser aprobada en comisiones y por el pleno.

Si los diputados no le hacen modificaciones se enviará al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Segunda medida

-Reforma constitucional al sistema de competencias en materia penal.

Busca redefinir las competencias de cada autoridad en el combate al delito, para que ninguna autoridad use como pretexto el complejo sistema de competencias penales para rehuir sus responsabilidades.

La iniciativa del Presidente pretende facultar al Congreso para expedir leyes generales en materia penal.

La reforma está contenida en el paquete de iniciativas enviadas al Senado que se están discutiendo en comisiones.

Tercera medida

-Policías Estatales Únicas.

Con una reforma constitucional se crearán las Policías Estatales Únicas, con lo que se definirá el esquema de mando único policial en las entidades federativas.

El objetivo es pasar de más de mil 800 policías municipales a 32 corporaciones de seguridad estatal que estarán homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación.

La reforma implicará modificaciones al Presupuesto, por lo que se le dará prioridad a cuatro entidades con mayor urgencia de atención: Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas.

La iniciativa prevé sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan.

Esta medida está incluida en las iniciativas de reformas constitucionales que el Ejecutivo envió al Senado la semana pasada.

Cuarta medida:

-Acelerar la creación de un teléfono único para emergencias a nivel nacional.

La medida ya se encuentra en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada este año. Requiere que el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Sistema Nacional de Seguridad Pública determinen los términos y condiciones para que se aplique.

La propuesta del Presidente para que ese número sea el 911 debe aprobarse por el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Esta medida no requiere leyes adicionales.

Quinta medida

-Establecimiento de una Clave Única de Identidad.

Busca que todo mexicano cuente con un número de identificación personal que le permita acceder a trámites y servicios gubernamentales, así como al sistema bancario y financiero.

Se utilizarán los registros del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Seguro Popular.

Sexta medida

-Operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente.

Desde que se anunció el Presidente dijo que se ampliaría el despliegue de las Fuerzas Federales, principalmente en los municipios de los estados de Guerrero y Michoacán.

También se incrementaría el apoyo de las Fuerzas Federales en los municipios que lo requieran en los estados de Jalisco y Tamaulipas.

Esta medida no requiere leyes adicionales.

Séptima medida

-Acciones y reformas adicionales para hacer efectivo el derecho humano a la justicia.

En el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que empieza en febrero, el Presidente enviará iniciativas para mejorar la justicia cotidiana.

Para estas iniciativas el Presidente pidió a Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que durante tres meses realice foros de consulta con juristas, académicos y representantes de la sociedad civil para que le haga propuestas y recomendaciones en la materia.

Octava medida

-Acciones para fortalecer los instrumentos de protección de derechos humanos.

Con una reforma para redefinir el Sistema de Competencias Penales a nivel Constitucional se facultará al Congreso para expedir las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada.

La iniciativa está en el paquete de reformas enviadas al Senado la semana pasada.

Adicionalmente a las modificaciones constitucionales se establecerán indicadores adicionales en materia de derechos humanos, en coordinación con la CNDH y organizaciones de la sociedad civil.

También se creará un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, así como un Sistema Nacional de Información Genética.

Se publicará el Reglamento de la Ley General de Víctimas y se pondrá en operación el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el Registro Nacional de Víctimas; y se integrará el Consejo Consultivo para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos.

Novena medida

-Leyes y reformas en materia de combate a la corrupción, transparencia y obras públicas.

Ya se encuentran en estudio y discusión en el Congreso de la Unión.

En la Cámara de Diputados se discute la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que incluye esquemas de vigilancia de autoridades por parte de la ciudadanía, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, la creación de un tribunal imparcial y de un fiscal anticorrupción nombrado por el Senado de la República, para perseguir penalmente los casos de corrupción.

En el Senado se discute el nombramiento de un fiscal anticorrupción, que podrá ser sustituido o ratificado una vez que se aprueben las leyes en materia de Fiscalía General de la República y Anticorrupción.

El Senado está por aprobar la Ley General de Transparencia. En comisiones ya se tiene un documento listo que debe aprobar el pleno y enviar a la Cámara de Diputados, donde se discutirá a partir de febrero de 2015.

En la Cámara de Diputados se aprobó este martes la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. La minuta fue enviada al Senado para su discusión y aprobación.

Décima medida

-Portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal.

La Secretaría de la Función Pública debe desarrollar un portal de información sobre los proveedores y contratistas de toda la Administración Pública Federal para que cualquier ciudadano pueda conocer en un solo sitio el número y monto de los contratos de cada dependencia federal o de cada empresa que preste sus servicios a la Administración Pública Federal.

Esta medida no requiere leyes adicionales.