Pilar Juárez/Mónica García/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) presentó una solicitud  ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que se investigue a las autoridades federales, estatales y municipales por actos de omisión, negligencia y por no garantizar el estado de derecho en las entidades afectadas por los bloqueos magisteriales de la CNTE.

Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex, consideró que en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, afectados por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se han registrado graves violaciones a los derechos humanos como el de la alimentación, el de libre tránsito y el de la protección a la salud.

“La petición se presentó por actos de omisión y negligencia de las autoridades en sus diferentes ámbitos, en la actuación de su competencia; la petición es contra el Estado mexicano”, enfatizó.

El representante patronal de cerca de 36 mil empresas sostuvo que el Estado mexicano en su posición de garante de los derechos humanos no ha actuado con suficiente pericia frente a los actos de diversos grupos, especialmente el de la CNTE.

Ante el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, De Hoyos Walther comentó que se ha violado el derecho a la alimentación, ya que no están llegando los alimentos suficientes, especialmente en el caso de Oaxaca, afectado principalmente a la población indígena.

“Se ha violentado el derecho de libre tránsito, hay bloqueos y cierres de avenidas, riesgo de desabasto de gasolina, se ha violentado el derecho a la salud, se ha puesto en riesgo la protección de la salud e incluso fallecieron personas que no recibieron atención oportuna por los bloqueos carreteros. El derecho a la libertad de comercio está comprometido y se ha violentado la libertad del trabajo.”

Ante esta situación, hizo hincapié en que es necesaria la intervención inmediata de la CNDH para que se realice un diagnóstico, determine medidas cautelares y salvaguarde la tutela de los derechos humanos.

Solicitó que se realice una investigación para que se documente con detalle cuáles han sido las acciones, las omisiones y la negligencia de los diferentes órdenes de gobierno que se han derivado de la violación sistemática de los derechos humanos.

Adelantó que incluso analizan en los próximos días interponer un juicio de amparo ante los actos de omisión de las autoridades, que implica una violación a los derechos humanos. Se busca hacer responsables a aquellas autoridades del ámbito federal, estatal e incluso municipal, que no actuaron en ejercicio de sus facultades para salvaguardar el libre tránsito, la educación, la salud y la distribución de mercancías.

Derivado de esta situación de emergencia, solicitó que se generen programas de gobierno enfocados a atender las afectaciones de la gente que ha sido dañada en dichos estados.

En atención a la solicitud, el presidente de la CNDH recibió al presidente de la Coparmex, acompañado por Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto visitador general, y Joaquín Narro Lobo, secretario técnico del Consejo Consultivo.

El titular de la CNDH dijo que analizará con objetividad e imparcialidad el escrito y, en su momento, determinará lo que en derecho proceda.

“Medida extrema”

Para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, el despido de 951 profesores que se oponen a la reforma educativa es una “una medida completamente extrema”.

La Secretaría de Educación de Guerrero publicó la relación de 951 maestros que serán despedidos por dos causas: no presentarse a la evaluación del desempeño del Servicio Profesional Docente y por faltar durante más de tres días seguidos a sus centros de trabajo.

Navarrete Magdaleno sostuvo que, sin lugar a dudas, el despido constituye una “medida extrema” no adecuada para avanzar en el proceso de reconciliación que necesita la entidad.