Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.-  La justicia militar decidió turnar a la Procuraduría General de la República (PGR) la investigación que inició contra el teniente coronel Avigaí Vargas Tirado, acusado de torturar a una persona para que declarara contra el general Tomás Ángeles Dauahare.

La Procuraduría General de Justicia Militar determinó que el asunto pase a manos civiles, ya que el teniente coronel no se encontraba en funciones castrenses cuando presuntamente cometió los delitos.

Avigaí formó parte de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Salud, de la SEIDO, y fue acusado por el abogado José Gerardo Ortega Maya de ser la persona que ordenó torturarlo para que involucrara al general con el cártel de los Beltrán Leyva.

El abogado Antonio Vega Romano, quien representa a Gerardo —yerno del exsecretario de Marina Luis Carlos Ruano Angulo—, fue informado de la decisión de la justicia militar.

El asunto estaba en manos del séptimo Agente Investigador del Ministerio Público Militar, adscrito a la Sección de Averiguaciones Previas, quien abrió la averiguación previa número SC/188/2012/VII.

Hace uno días la procuraduría militar llamó a comparecer en calidad de testigo a Balbina Karina Ortega Maya, hermana de Gerardo, para informarle dicha situación; sin embargo, a la cita sólo acudió el abogado.

Antonio Vega fue informado que la justicia militar enviará el caso a la PGR para que sea investigado el teniente coronel y, de existir responsabilidad, juzgado por las autoridades civiles.

El teniente coronel continúa con licencia y no ha sido restituido en algún cargo de la Sedena.

Al respecto, Balbina Karina confió en que la PGR aplique correctamente la ley en este caso “y de una vez por todas se desista de la acción penal contra mi hermano, porque está más que demostrado que todo fue fabricado y que él (Gerardo) es la verdadera víctima de esta farsa, pese a que los militares hoy están libres”.

A fines de 2012 la Procuraduría General de la República decidió no ejercer acción penal contra Vargas Tirado.

La Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la institución integró la averiguación previa 613/AP/DGDCSPI/2012 contra Avigaí Vargas y tres personas más por abuso de autoridad y tortura.

La indagatoria fue desahogada antes de concluir el sexenio panista, pesquisa que fue encabezada por personal bajo el mando de la entonces procuradora general de la República Marisela Morales Ibáñez.

Antes de que la dirección emitiera su veredicto —dirección que depende de la Visitaduría General—, la entonces procuradora solo “exigió” a Vargas Tirado su renuncia “por deslealtad”.