19 de Septiembre de 2018

México

El escándalo de los 'moches' que involucra al Congreso

Se cimbra el país al salir a la luz pública una polémica conversación entre Ismael Pérez Ordaz, alcalde de Celaya, y varios funcionarios.

El coordinador de los diputados federales del PAN, Luis Alberto Villarreal (i), pidió una investigación ante los señalamientos acerca de que él incurrió en sobornos. En la foto aparece con el diputado priista Manlio Fabio Beltrones. (Notimex/Foto de archivo)
El coordinador de los diputados federales del PAN, Luis Alberto Villarreal (i), pidió una investigación ante los señalamientos acerca de que él incurrió en sobornos. En la foto aparece con el diputado priista Manlio Fabio Beltrones. (Notimex/Foto de archivo)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- "Quería comentar un tema que es un tanto cuanto delicado", se le escucha decir al alcalde de la ciudad de Celaya, quien acto seguido suelta la bomba: diputados federales le han pedido inflar en 35% contratos de pavimentación a cambio de recibir el equivalente a 12.2 millones de dólares en fondos públicos.

No sólo eso, también le dijeron que tenía que ir con una empresa constructora que ellos elegirían.

La conversación entre Ismael Pérez Ordaz, alcalde de Celaya, y varios funcionarios fue grabada y entregada al diario Reforma. La plática se realizó en Guanajuato.

Su difusión puso sobre el tapete una corrupción a base de coimas o sobornos que muchos reconocen en privado, pero de la que pocos se atreven a hablar en público.

Uno de los casos de corrupción mexicana más sonados y recientes involucra a a la empresa Hewlett-Packard y a Pemex.

Coloquialmente se conocen como "moches", que hoy son parte de un escándalo político que por haber salpicado al mismo Congreso federal ha sorprendido incluso a un país que históricamente ha padecido la corrupción en distintos aspectos de la vida diaria.

Algunos alcaldes del centro y norte de México han dicho en privado que legisladores federales, de manera directa o a través de enviados, les exigen "moches" para agilizarles la llegada de recursos federales, que en muchos casos representan la mayor parte del dinero que un municipio puede disponer para realizar obras públicas. 

Dicen que también se les pide escoger empresas relacionadas con los congresistas para realizar los trabajos en sus localidades.

"Es inédito que (el episodio de Celaya) saliera a la luz pública", comentó Bárbara Botello, alcaldesa de León, Guanajuato, y presidenta de una asociación de municipios de México. "Se está manchando la imagen de estas instituciones, pero de alguna forma espero que esto sirva para que transitemos a la transparencia".

Cero pruebas y mucho temor

Botello dijo a la AP que ella no ha sido víctima de los "moches", pero que se han acercado entre cuatro y cinco alcaldes para denunciar que se les pide, y aunque le han mencionado nombres nadie le ha presentado ninguna prueba específica.

"Hay temor de muchos de alguna represalia, de que no se baje el recurso", declaró Botello sobre la posibilidad de que no se les entreguen fondos por hablar abiertamente de los mecanismos de corrupción. "He estado invitando a los alcaldes a que den pruebas", añadió.

México conoció de esta práctica a finales de 2013 a través de dichos en su mayoría anónimos en la prensa, aunque un nombre comenzó a repetirse como quien sería uno de los principales involucrados en el cobro de sobornos: Luis Alberto Villarreal, diputado federal y coordinador del conservador Partido Acción Nacional (PAN) en la cámara baja, quien ha negado en todo momento los señalamientos y ha pedido una investigación.

A petición del propio Villarreal, la Procuraduría General de la República abrió una investigación que varios ven como una prueba de la capacidad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para aplicar la justicia en un flagelo que su gobierno ha prometido extirpar: el de la corrupción.

El caso de "los moches" es también considerado un reflejo de los graves problemas de corrupción que desde la época colonial se arraigaron en el país y que no logran erradicarse pese a ciertos avances en la construcción de algunos contrapesos institucionales.

El funcionamiento de los "moches" se conoció de manera más clara en enero, cuando el diario Reforma divulgó el audio de Pérez Ordaz.

Ningún nombre es mencionado, aunque en el transcurso de las semanas la prensa local señaló que la trama habría sido orquestada por Villarreal. Como él, Pérez Ordaz también es militante del PAN.

En respuesta a una solicitud de The Associated Press para hablar con Pérez Ordaz, su oficina de prensa envió un audio en el que el alcalde reconoce que la grabación es real y que sí dijo lo que se escuchó. "Hay una grabación en una plática privada de mi parte con personal del ayuntamiento en donde yo explicaba todo este tema", señaló. Sin embargo, aseguró que pese a la petición, él no incurrió en ninguna ilegalidad.

Alcances de la pavimentación

El dinero para la pavimentación de Celaya representa poco más del 10% de los recursos del presupuesto de Celaya. Sin embargo, recursos federales que reciben algunos municipios en el país representan hasta tres cuartas partes de todo su presupuesto, como en Calvillo, una municipalidad del estado norteño de Aguascalientes.

Javier Luévano Núñez asumió en enero la alcaldía del municipio de Calvillo por el PAN y también ha sido mencionado en la prensa como una de las víctimas de extorsión por legisladores federales.

Luévano aseguró a la AP que no es verdad, que nadie le ha exigido "moches". Dijo que él mismo, en el último trimestre del 2013, acudió al Congreso para gestionar sin ningún intermediario recursos federales para su municipio. Al final, dijo, logró conseguir unos 100 millones de pesos, que representan unas tres cuartas partes del presupuesto total para 2014.

Comentó que él ha escuchado que sí se exigen "moches", pero insiste que "nunca se nos hizo esta petición".

Villarreal no contestó a una solicitud de entrevista, aunque ha dicho que son mentiras. La indagatoria que abrieron las autoridades sigue en la etapa de solicitud de información a los alcaldes para que presenten alguna prueba.

En el lenguaje jurídico, los "moches" se traducen en el delito de cohecho, es decir que un servidor público solicite o reciba directa o indirectamente dinero de manera indebida para hacer algo. El castigo puede llegar hasta los 14 años de prisión.

Pero en un país con una larga historia de corrupción y desconfianza ante la aplicación de la justicia, el caso de los "moches" representa un importante desafío para las autoridades.

Antecedentes coloniales

Para José Fernández Santillán, politólogo e investigador del Tecnológico de Monterrey, la corrupción en México encuentra sus raíces durante la colonia española hace cinco siglos y que entonces se veía reflejada, por ejemplo, en la venta de cargos oficiales.

"El problema de la corrupción en México es endémico, de larga data", dijo. De hecho, añadió, "el aceite que lubricó todo el engranaje del sistema político mexicano durante décadas fue la corrupción".

La corrupción se ha mantenido, aunque con variantes, a lo largo de los últimos 500 años de la historia del país, aunque Fernández consideró que en los últimos tiempos la alternancia democrática ha permitido crear contrapesos y, sobre todo, ha permitido exponerla.

"El escándalo es una reacción de la democracia contra la corrupción", consideró.

Luévano, el alcalde de Calvillo, dijo que no había recibido ninguna solicitud de la Procuraduría para declarar sobre el tema, pero que estará dispuesto a hacerlo.

"Estamos tranquilos", expresó. Y es que en sus propias palabras, el tema de los "moches" es como "un fantasma" al que "nosotros nunca vimos".

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