Cualquier funcionario corrupto es detestable: SCJN
Luis María Aguilar, ministro presidente, dice que cualquier mal funcionario 'es detestable, pero es repugnante aquel que ocupa el cargo de juzgador'.
Rubén Mosso y Daniel Venegas/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, arremetió contra aquellos que afirman que el Poder Judicial no castiga a los malos jueces.
“Es un mito y una consigna mal intencionada que el Consejo de la Judicatura Federal no sanciona a los malos servidores. Nada más erróneo y equivocado, por supuesto que sancionamos a los malos elementos, y separamos a los corruptos.
“Cualquier funcionario corrupto es detestable, pero es absolutamente intolerable, repugnante y aborrecible aquel que ocupa el cargo de juzgador. La esencia del juez, su inherente independencia, es esencialmente incompatible con la corrupción”.
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Además, criticó a los personajes que impulsaron la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, porque a algunos de ellos ahora se preocupan porque los jueces federales exigen que se respeten los derechos de los detenidos.
Desde 2011, decenas de sospechosos han recuperado su libertad, como la francesa Florence Cassez, a quien se le anuló la sentencia por secuestro, a causa de violaciones al debido proceso.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, quien asistió como invitado de honor al informe anual del ministro, Aguilar dijo que los juzgadores no son indiferentes a la problemática que vive el país, ni evaden sus responsabilidades, pero aclaró que ellos están obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas, porque nadie es culpable hasta que así se demuestre.
Aguilar agradeció el apoyo de los secretarios de Defensa y de Marina, Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón, respectivamente, por “lograr que las cosas no solo se hagan con más eficiencia, sino que se hagan mejor, con apego a la ley”, para que entre todos se logre “un combate a la delincuencia real, completo, satisfactorio y con respeto a los derechos humanos de todos, de los acusados al igual que de las víctimas y los ofendidos y de toda la sociedad”.
En presencia del presidente de la CNDH, Luis Raúl González, y el procurador Raúl Cervantes, entre otros invitados, el ministro dijo:
“Los juzgadores estamos obligados a hacer que se respeten los derechos de las personas, no es opcional, no podemos eludirlo, está dispuesto en la norma suprema. Resulta paradójico que incluso algunos de aquellos que impulsaron la reforma constitucional de 2011, ahora se inquieten por la exigencia de los jueces de que se cumpla”.
Al rendir su informe anual de labores 2016, Aguilar señaló que los juzgadores quieren un México en paz y que viva en tranquilidad.
Reproche
El ministro también reprochó a las autoridades, porque a casi dos meses del homicidio del juez quinto de distrito en materia de amparo en el Estado de México, Vicente Antonio Bermúdez, no han solucionado el caso.
“Lo que quiero dejar claro es que las autoridades de procuración de justicia, a las que ello les corresponde, hacen la investigación de este atroz evento y tengo entendido que no han concluido todavía quién es el autor intelectual de este delito y tampoco del móvil.
“Me parece agraviante para la víctima, para su familia y para la verdad, que se especule con ello y se afirme lo que no se ha demostrado”, comentó en alusión a las versiones que hay sobre este delito, y que no tienen sustento.
Actualmente, dijo, 79 juzgadores cuentan con seguridad especial, particularmente con vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y existe un seguimiento cercano con ellos.
Revisar facultades
Aguilar llamó a que se revisen las facultades de la Corte, debido a que atiende casos que deberían ser resueltos por tribunales.
“Se impone una reflexión impostergable de revisión de la ley, de las competencias en materia de legalidad de nuestro Tribunal Constitucional, explicables en el contexto de hace más de 20 años, pero desfasadas a la luz de una nueva realidad social, que exige herramientas legales modernas y eficaces que aseguren a la Suprema Corte el papel que le corresponde en el entramado constitucional y jurídico de nuestro país”, manifestó el ministro.