Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Gobierno de México la decisión de enviar el caso 12.846 "Mariana Selvas Gómez y otras" a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2008, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otras organizaciones presentaron en la CIDH una denuncia contra el gobierno de México por la presunta violación y tortura de varias mujeres durante un enfrentamiento en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006, según publica Notimex.

Al respecto, y ante la posibilidad de que la Comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso, el propio gobierno mexicano hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos.

En un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) así como de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que desde marzo de 2013, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad en el caso, y en su momento notificó oficialmente a la CIDH de su decisión.

Acorde con ello, mencionaron, el Estado ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos a su alcance para impulsar la investigación del caso, sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación y otras medidas para evitar la repetición de hechos similares.

Como resultado de estos esfuerzos, dijeron, a la fecha hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal.

Subrayaron que las investigaciones penales correspondientes de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han tomado debida consideración de las conclusiones a las que en su momento arribó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en febrero de 2009.

Además de ello, apuntaron, el Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, que comprende medidas de compensación económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica y psicológica, y la entrega de viviendas.

Por otra parte, afirmaron, el Estado mexicano ha tomado diversas medidas de carácter estructural para reparar el daño y evitar la repetición de hechos similares, tales como la adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública; el establecimiento de protocolos de actuación ministerial con perspectiva de género.

Así como la construcción de centros de justicia para mujeres a nivel local, así como el establecimiento de sistemas municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Sostuvieron que el gobierno de México ha mantenido un diálogo directo con las víctimas y sus representantes, para acordar nuevas acciones para cumplir con todas las recomendaciones dictadas por la CIDH.

Sin perjuicio de los procedimientos ante la Corte Interamericana, enfatizaron, el gobierno de México continuará fomentando este diálogo, a fin de alcanzar una reparación integral del daño.

Señalaron que el gobierno de México manifiesta su total disposición a dar seguimiento al caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un foro compuesto por juristas latinoamericanos de elevado prestigio y calidad profesional, que con toda certeza analizará con objetividad y estricto apego a criterios jurídicos todos los elementos que conforman este caso.