Costaron 150 mdp los casi 500 testigos protegidos

No solo hay operadores del crimen organizado, sino también ex funcionarios del MP federal, de la SSP federal y del Ejército

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Tan solo en la gestión de Felipe Calderón, el MP Federal desembolsó aproximadamente 60 millones de pesos para el sustento de estas personas y renta de inmuebles. (Informex)
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Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) gastó más de 150 millones de pesos en los últimos 15 años para mantener a casi 500 testigos colaboradores que son la base de averiguaciones previas relacionadas con delitos de delincuencia organizada, según publica Milenio.

Tan solo en la gestión de Felipe Calderón, el Ministerio Público Federal desembolsó aproximadamente 60 millones de pesos para el sustento de estas personas y renta de inmuebles, de acuerdo a respuestas de información con base a la Ley Federal de Transparencia.

En esa administración los testigos cobraron auge, sobresaliendo 15 de ellos, 12 de los cuales son delincuentes confesos y uno víctima, este último que contribuyó a la detención de un ex funcionario del norte del país.

La PGR los llama Jennifer, Pitufo, Güicho, Mateo, Tigre, María Fernanda, Rambo, Felipe, Ricardo, Sebastián, Orión, Renata, Carolina y Zajed.

Entre ellos no solo hay operadores del crimen organizado, sino también ex funcionarios del Ministerio Público Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública federal y del Ejército, a quienes se les dio un trato especial con el propósito de delatar a sus cómplices.

Lo extraordinario es que muchos aseguran haber presenciado o enterado de los tratos que realizaron sus jefes con políticos, generales, abogados y ex trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Muchos de sus comentarios resultaron pocos creíbles, ya que se situaron hasta en dos o más organizaciones criminales rivales.

Zajed fue el testigo que dio origen en 2009, al caso denominado el michoacanazo, en el que se capturó a casi 40 servidores públicos del gobierno de Michoacán, entre ellos alcaldes, de quienes aseguró tenían relación con el cártel de La Familia Michoacana.

El asunto se convirtió en el mayor fracaso de la PGR, pues todos recuperaron su libertad, al no existir pruebas que los ligaran con el narcotráfico.

A pesar de ello, la PGR volvió a utilizar a Zajed en 2010 para detener al ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, Greg, pues con sus dichos, y los del testigo Güicho, lo señaló de tener nexos con Los Zetas y de participar en el tráfico de indocumentados. Greg recobró su libertad en julio de 2011.

Otro de los testigos es el que tiene nombre clave Pitufo, quien en 2008 sirvió para investigar y detener al ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, de quien dijo recibía pagos para proteger actividades delictivas de miembros del crimen organizado en Tamaulipas. Hace unos meses, el ex coordinador fue absuelto por un juez federal.

El Pitufo también declaró contra Arturo Herrera Valles, comandante de la Policía Federal en Tabasco, hermano de Javier, al que relacionó con un cártel contrario.

Los dichos del testigo llevaron a la cárcel, en 2010, al cubano Boris del Valle Alonso, asesor de Seguridad Pública de Greg Sánchez, a quien vínculo con Los Zetas y de participar en el crimen del general Mauro Enrique Tello Quiñones.

El mismo Pitufo, junto Jennifer, hicieron que el ex secretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare y a otros generales más, terminaran este año en la cárcel por presuntos nexos con el cártel de Los Beltrán Leyva.

También declaró en la investigación contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, contra quien se giró una orden de aprehensión en agosto pasado, por supuestos nexos con Los Zetas y el cártel del Golfo.

Jennifer, la estrella

No obstante, la estrella de la PGR se llama Roberto López Nájera un ex abogado al que llaman Jennifer, y quien logró llevar a prisión a casi todos los jefes de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, entre ellos a su titular Noé Ramírez Mandujano, además de mandos del Ejército y de la SSP.

Este ex litigante también proporcionó información para ubicar a los principales líderes del cártel de Los Beltrán Leyva, y al mayor Arturo González Rodríguez, quien “alardeaba” ser sobrino de Arturo Riviello Bazán, ex titular de la Sedena.

Al mayor lo señaló de vender información del área de Inteligencia y Planeación de la dependencia.

Jennifer trabajaba para Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. También se convirtió en el principal denunciante de los generales Tomás Ángeles y Roberto Dawe González.

Otro de los que gozó de grandes privilegios fue Sergio Villarreal Barragán, El Grande, segundo al frente del cártel de Los Beltrán Leyva.

Con el nombre clave Mateo, declaró contra el secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca Rodríguez, y contra del general Tomás Ángeles.

Uno de los beneficiados también fue el ex mando de la SSP federal, Edgar Enrique Bayardo, con nombre clave Tigre, quien confesó estar involucrado con el capo del cártel de Sinaloa, Reynaldo El Rey Zambada, a quien brindaba protección, y que delató a sus compañeros que protegían a Los Beltrán Leyva.

De acuerdo a los oficios DGPDSC/UEAI/2118/2006 y DGPDSC/UEAI/5364/2007, de 1997 a 2003, 252 personas decidieron ser testigos protegidos, mientras que de 2004 a 2007, 174 sujetos hicieron lo mismo, respectivamente.

Según la PGR, hasta 2003 se dispuso de 36 millones 885 mil 883.78 pesos, dinero que representa el gasto que se utilizó para la manutención y seguridad, el cual no contempla solo a dichos testigos, “sino a todas aquellos que garanticen la seguridad de la presencia de éste en el proceso...(para evitar) vulnerar la comparecencia del testigo en las diligencias…”

En tanto que de 2004 a 2007, se gastaron 36 millones 295 mil 744.24 pesos, además de 12 millones 456 mil 379 pesos para arrendamiento, los cuales suman 49 millones 360 mil 484 pesos 16 centavos.

En 2008 se gastaron 15 millones 123 mil pesos; en 2009, 20 millones 197 mil pesos y en 2010, 14 millones 825 mil pesos.

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