12 de Noviembre de 2018

México

Ni Ejército ni federales logran aplacar a delincuentes en Michoacán

Crecen casi al 50% la muerte por balazos y la incidencia del secuestro se incrementó 38% en la entidad.

El gabinete de seguridad dejó de lado el término “guerra” y señaló que también se enfocaría en asuntos de prevención del delito. (Archivo  Notimex)
El gabinete de seguridad dejó de lado el término “guerra” y señaló que también se enfocaría en asuntos de prevención del delito. (Archivo Notimex)
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Ignacio Alzaga/Milenio
MÉXICO, D.F.- Entre enero y septiembre de este año los homicidios dolosos perpetrados con arma de fuego en Michoacán aumentaron 44.59 por ciento respecto al mismo periodo de 2012, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según las mismas estadísticas, los secuestros en esa entidad repuntaron 38.3 por ciento en los primeros nueve meses del año.

Este fenómeno delictivo se presenta a pesar de que el gobierno federal lanzó en esa entidad una estrategia contra el crimen, que incluye un “frente único” con autoridades locales para reducir los delitos de alto impacto.

Sin embargo, ni la presencia de la Policía Federal ni las fuerzas armadas han logrado disminuir ambos ilícitos ni inhibir la acción de la delincuencia organizada en los nueve meses de este año.

De acuerdo con el documento titulado Incidencia Delictiva, que contiene las denuncias presentadas ante agentes del Ministerio Público, entre enero y septiembre de 2012 se perpetraron en Michoacán 222 asesinatos con arma de fuego, mientras en lo que va del año van 321 casos.

En tanto, los secuestros pasaron de 99 a 137 en el periodo de referencia y el total de homicidios dolosos varió de 555 a 645, lo que representa un aumento de 16.21 por ciento.

El número de asesinatos (culposos y dolosos) se incrementó de mil 704 a mil 848, es decir, hubo un ascenso de 8.45 por ciento.

La base de datos del Secretariado Ejecutivo revela que el delito de extorsión fue el único que disminuyó en comparación con el año pasado, cuando se presentaron 260 denuncias contra 211 interpuestas en 2013.

Sin embargo, autoridades federales reconocieron que en las cifras de esos delitos existe además una cifra negra, es decir, los casos que no denunciados.

El 16 de febrero pasado el gobierno federal lanzó una estrategia contra la delincuencia organizada en Michoacán y, a diferencia de la administración de Felipe Calderón, anunció que el combate se haría mediante un “frente común” con las autoridades locales.

El gabinete de seguridad dejó de lado el término “guerra” y señaló que también se enfocaría en asuntos de prevención del delito y vinculación con la ciudadanía.

La Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer entonces que analizó con el gobernador Fausto Vallejo planteamientos concretos en temas de “abatimiento de la incidencia delictiva, prevención de accidentes en carreteras, vinculación con la ciudadanía y coordinación para atender temas específicos que redunden en estabilidad y paz social”.

Por su parte, en el primer informe de labores de la Secretaría de Gobernación solo se incluyó a Morelia y Uruapan entre las 57 demarcaciones “prioritarias” del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Pese a ello, el estado solo recibió (hasta julio de 2013) 5.5 millones de pesos de dicho programa, presupuesto que está por debajo del que se destinó a otros 14 estados.

En el informe se refiere de manera escueta a los grupos de autodefensa y señala que después de un proceso iniciado a mediados de 2010 el primero de éstos se formalizó en febrero de 2013 en Guerrero.

“De entonces a la fecha han surgido organizaciones similares en Michoacán y Oaxaca, entre otros. Con apego estricto al derecho, en ejercicio de sus atribuciones, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, mantiene un diálogo permanente con las administraciones estatales para evitar que los grupos de autodefensa transgredan la ley.

“Para la población civil está categóricamente prohibido portar y utilizar armas de uso exclusivo del Ejército. Las comunidades tienen derecho a vivir en paz y los gobiernos tienen la obligación de hacer respetar la ley para lograrlo”, se lee en el documento que contiene información de diciembre de 2012 a julio de 2013.

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