Humberto Ríos Navarrete/Milenio
MÉXICO, D.F.- De oficio albañil. Piel cobriza. Cuerpo fibroso. La tarde noche del lunes estaba con su esposa y dos hijos, de 9 meses y de 4 años, en la zona infantil de un parque de la colonia Del Valle. La mujer, morena tostada, amamantaba al pequeño. El segundo jugaba con otros de su edad. Detrás de ellos había, hay, una historia de terror que los empujó a huir. Como otros que han llegado al Distrito Federal.

El hombre esperaba una respuesta definitiva de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, ubicada cerca de ahí. Tenía cinco meses de un peregrinar que comenzó en Chihuahua, su estado natal, con escala en Sonora y Puebla, donde fue alojado por autoridades durante un mes; un exilio que incluyó a sus padres, una hermana y un sobrino, hostigados por integrantes del crimen organizado que, retribuidos por “el patrón”, le notificaron:

“¡Entrega las propiedades…!”

La advertencia fue pronunciada al mismo tiempo que lo empujaban hacia el interior de una de las dos trocas, luego de que saliera de su casa a comprar “unas sodas”; después le ataron las manos hacia atrás y le envolvieron la cabeza y el rostro con cinta adhesiva, excepto las fosas nasales, parecido a una momia, y con una tabla le atizaron 37 golpes en el trasero. Hasta que se desmayó. Cerca de las 22:00 horas despertó en un paraje. Vendado y sin grilletes.

La misma tortura soportaría un sobrino suyo, al que secuestraron; más tarde, relata, intentaron hacer algo semejante con su padre, que padece diabetes, pero tuvo el suficiente impulso para oponerse, auxiliado por parientes, y se frustró el secuestro; no obstante, quedó la advertencia.

Desde entonces la familia emprendió su peregrinar, apoyada por autoridades estatales y la Procuraduría de Atención a Víctimas de Delitos, conocida como Províctima, pero cada vez más navega a la deriva, entre Puebla y el Distrito Federal, ya que incluso ha pernoctado en terminales de autobuses.

***

El problema surgió en 2004, cuando padre e hijo fueron contratados —sin firma de documento que avalara el compromiso, pues confiaron en la palabra— por un propietario de hoteles y de un yonke —deshuesaderos de autos— en un municipio de Chihuahua, para que le construyeran seis apartamentos y una barda. A la hora del cobro, sin embargo, se negó a pagar.

—¿Pero por qué? —contestó el albañil.

—No hay nada firmado —recordó el patrón.

—Nos vio todo el pueblo hacer el trabajo; lo vamos a demandar —anunció el hijo del albañil, quien corroboró el descaro, más aún cuando aquel respondió:

Desde entonces la familia emprendió su peregrinar, apoyada por autoridades estatales y la Procuraduría de Atención a Víctimas de Delitos

—Haga lo que quiera, yo aquí mando.

Ese fue parte del diálogo que sostuvieron el albañil y el patrón, quien se negó a saldar la cuenta de una edificación que duró meses, por lo que el trabajador y su padre, también autor de la obra, decidieron recurrir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuyo veredicto, en 2010, fue a favor de ellos: el otro debería cubrir 975 mil pesos.

Las autoridades le embargaron al patrón tres propiedades, entre estas los departamentos construidos, y le avisaron de la decisión oficial; pero no solo no respetó el veredicto, sino que los rentó y lanzó amenazas.

—¿Y él qué le contestó —se le pregunta al hombre, acompañado de su esposa, mientras observa jugar a su niño.

—Nos dijo: “No les voy a pagar… Los voy a mandar a la chingada. Y me vale madres lo que el gobierno diga. Aquí mando yo”.

Y creció el problema.

En Semana Santa del año pasado, a las 11:00 horas, padre e hijo llegaron a su casa procedente de un juzgado civil.

Lo tablearon

El hijo fue por sodas, pero a medio camino lo interceptaron dos camionetas, una de ellas Explorer, color café, cuatro puertas, de las que bajaron tres personas. Traían armas cortas y largas. Dijeron que eran “federales”. El albañil exigió identificaciones y le informaron que pertenecían a una banda del crimen que opera en esa zona.

Le dijeron, además, que iban “de parte del patrón” y exigieron la entrega de sus propiedades. Lo metieron en una camioneta y envolvieron su cara con cinta canela. Fue llevado a un paraje y allí lo apalearon. Despertó después de horas, tirado sobre la yerba, y advirtieron: “Vamos a desaparecer a toda tu familia”.

Al expediente laboral se anexaban las denuncias por secuestro, amenazas y agresión; y ahora sumaban 300 hojas.

Las autoridades optaron por trasladarlo a él y su familia a Sonora, pero a los ocho meses recibió una llamada telefónica de su sobrino, de 18 años, para informarle que le había sucedido lo mismo que a él, acompañado de una advertencia: que desistieran de la demanda, porque ahora irían “por todos”.

Y siguió su padre.

“Si vienen por mí, mejor mátenme, pero yo no voy a subir a la troca”, les dijo el anciano a tres hombres, que descendieron de una camioneta Lobo de tono gris y que dijeron ser agentes de la policía judicial, pero luego aludieron el nombre de un grupo del crimen organizado. La familia se unió y los delincuentes recularon.

El hombre regresó a Chihuahua capital y se reencontró con sus padres, una hermana y su sobrino. La fiscalía realizó un protocolo de seguridad y los trasladó a Puebla, les rentó un departamento con refrigerador chico, dos bases de cama, una mesita con cuatro sillas y una despensa que les duró 15 días.

Ya salieron del cuarto donde vivían, pues no caben; ahora buscan trabajo para subsistir y pagar mil 500 pesos por un espacio más amplio. Laboran 15 días en Puebla y viajan al DF. De vez en cuando la familia pernocta en la Terminal de Autobuses de Pasajeros Oriente, la TAPO, pues Províctima no tiene albergues.

Dosis de insulina

En esa dependencia ya gestionan el servicio médico del IMSS a su padre —en Chihuahua lo tenía—, quien padece diabetes y es hipertenso, por lo que debe inyectarse cada día 50 unidades de insulina, que cuestan 280 pesos. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad le ha conseguido algunas dosis del medicamento.

Hace poco supieron que un vecino suyo, al que encargaron cuidar la casa en Chihuahua, fue golpeado por los mismos delincuentes, quienes lo amenazaron para que ya no volviera a ocupar la propiedad, misma que no solo saquearon, sino que se llevaron una camioneta Chevrolet, modelo 88, propiedad del sobrino.

***

Y ahora está aquí.

Con esposa e hijos.

Ya cayó la noche y llueve.

Se despliega un paraguas para cubrir a la madre y al bebé. Bajo la lluvia caminan hacia las oficinas de Províctima, donde un médico observará que el pequeño tiene la boca seca y diagnosticará temperatura alta y desnutrición.

El gobierno federal carece de albergues para víctimas de la delincuencia organizada, al menos en el DF, por lo que gestiona la estancia transitoria en incómodos inmuebles de organizaciones religiosas.

Hace meses, autoridades judiciales canalizaron a una mujer y su pequeña hija a un refugio del GDF, destinado a víctimas de violencia familiar; pero se supo que tanto el esposo, el suegro y la suegra de la señora habían sido asesinados. En la averiguación previa constaba que se trataba de un asunto del crimen organizado.

Las autoridades solicitaron el traslado de la señora y su hija, pues argumentaron que su estancia ponía en grave riesgo a otras usuarias y empleados del albergue, además de no tener el personal capacitado para la atención de ese tipo de asuntos.

Se supo de otro caso.

Faltan los detalles.