Humberto Ríos Navarrete/Milenio
MÉXICO, D.F.- El terror comenzó durante la agonía de 2012 y se prolongó hasta hace unos días, después de que la mujer transitara por escabrosos caminos, en los que aparecían sus verdugos, algunos con edades avanzadas, pero sin asomo de clemencia, pues estaban conscientes de formar parte del complot, iniciado el 15 de diciembre del año pasado, cuando ella, luego de salir de su domicilio, recibió una mala noticia en voz de un pariente, cuyo nombre saldría a relucir como supuesta causa de la trama.

Esa tarde, a las 15:45, su hijo le habló para avisarle que habían sustraído pertenencias de la casa, entre éstas una laptop, por lo que ella regresó a su domicilio e hizo un recuento del robo; sin demorar, marcó a la oficina de Atención Ciudadana de la procuraduría y relató que durante ese día le habían hablado al teléfono de su domicilio, pero que cortaban la llamada en el momento que escuchaban su voz, por lo que devolvió la llamada través de su celular y una voz masculina le dijo:

—Tu hija nos debe dinero.

Y ella replicó:

—Yo no tengo ninguna hija.

—No te hagas pendeja —escuchó la mujer—, yo me metí a tu casa con esa facilidad y te robé tu laptop y otras cosas. Tu hijo me debe de drogas.

***

Las llamadas continuaron. La mujer estaba fatigada. Un día les dijo a sus acosadores que su teléfono había sido intervenido, pero no solo no dejaron de molestarla, sino que le exigieron 30 mil pesos, cantidad que tenía que entregar, le dijeron, el 15 de enero.

Para eso recibió dos mensajes en su celular. El primer mensaje decía: “Mañana en el lugar y hora en que la señora acordó con la persona. No quiero sorpresas. Está vigilado tu amante. Si no nos cobraremos”.

El segundo indicaba: “No te hagas pendeja (nombre en diminutivo), ni estando en otra casa y contestando el teléfono se escapan. Solo paga lo de tu hijo drogadicto o alguien desaparece. (…) Ya hizo el trato”.

La mujer se sentía acorralada, pues el acoso era constante. Las llamadas seguían. La misma cantidad, 30 mil pesos, era restregada en sus oídos.

Las amenazas incluían a toda su familia. Los extorsionadores conocían sus domicilios, tanto en el DF, como en el Estado de México.

Por eso decidió ceder, aconsejada por agentes de Investigación, comisionados en el caso, quienes diseñaron una estrategia.

La mujer aceptó la cita, a las 18:00, y le ordenaron presentarse en un restaurante de la plaza comercial Delta, ubicada entre avenida Cuauhtémoc y Viaducto Miguel Alemán, colonia Narvarte.

Fue discreto el dispositivo de vigilancia montado por los agentes. La mujer convino que su hijo llevara el dinero, 10 mil pesos, de modo que el muchacho en el restaurante, al que poco después ingresaron Juan, de 35 años, acompañado de María, de 53, a quien entregó un sobre amarillo.

En esos momentos entraron los agentes y detuvieron a los presuntos. Juan traía una bolsa de color naranja y un teléfono celular, que les fue decomisado, pues era el aparato del que se comunicaban.

Los agentes les preguntaron quiénes los acompañaban. María, vestida de blanco y arrugas prematuras que descendían del rostro hacia el cuello, informó que otras dos personas se habían quedado en un taxi, estacionado en la avenida Obrero Mundial.

Y hacia allá, con discreción, enfilaron dos agentes, mientras el otro vigilaba a María y a Juan.

En el taxi estaban, en efecto, Roberta, de 57 años, de trenzas y canosa, mirada triste, y el chofer, Ismael, de 66, pelo plateado, ambos de tez morena.

Los dos aceptaron que acompañaban a María y a Juan —según el reporte policíaco—, conscientes de que iban a cobrar un dinero.

En la bolsa color naranja encontraron un manuscrito: “4 de enero sabemos que la señora se queda con familiares y se esconde (…) Están todos vigilados. Lo único que queremos es que se pague la deuda (…) o nos cobraremos de otra forma”.

Un día después ocurriría un caso similar, pero en otra parte, con actores diferentes y una cantidad mayor extorsionada, más la exigencia de una mensualidad como venta de protección.

La conexión estaba en un municipio vecino del Estado de México y utilizaban al DF como zona de contacto.

La víctima ya no pudo más.

***

Esta vez fueron agentes de la Policía Federal quienes atraparon a Ricardo y Adalberto, de 43 y 29 años, presuntos extorsionadores detenidos “en flagrante delito” y entregados a la Procuraduría General de Justicia del DF, donde más tarde escarbaron archivos y resultó que tenían más cuentas pendientes.

Sucedió el 16 de enero.

Los federales habían hecho su trabajo como consecuencia de las denuncias recibidas contra Ricardo y Adalberto, dos pájaros de cuenta cuya forma de vida era presentarse como integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que aterroriza en municipios mexiquenses.

Eran las 9 de la mañana de ese miércoles del mes que acaba de pasar volando. La mujer, propietaria de un comercio, dijo que Ricardo y Raúl le exigían 30 mil pesos a cambio de no matar a su parentela y como “pago de derecho de piso”, ya que, aseguraban, representaban a La Familia Michoacana en el municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México.

El Agente del Ministerio Público ordenó a la Agencia Central de Investigación que indagaran la forma de operar y que verificaran si los “probables responsables”, Ricardo y Adalberto, estaban relacionados con otras averiguaciones previas, “y en caso afirmativo, invitar a comparecer a los denunciantes, a fin de realizar la diligencia de identificación”.

Y así lo hicieron.

Y así fue como agentes localizaron a una persona que, tras la cámara de Gesell, los ubicó “plenamente”, sin duda alguna: eran los “mismos que le realizaron llamadas telefónicas donde le exigían que si no les entregaba la cantidad de 85 mil pesos, lo matarían a él y a su familia…”

La víctima, ante las frecuentes amenazas, entregó dicha cantidad de dinero, además de depositarles de dos mil a tres mil cada quince días, “como pago de renta de piso, para evitar que lastimaran a su familia y en perjuicio propio, por lo que en este acto presenta su formal denuncia por el delito de extorsión con violencia física…”

Los presuntos culpables, según la descripción del informe, “se dedican a extorsionar comerciantes de la zona de Chimalhuacán, a quienes les piden grandes cantidades de dinero, mismas que cobran sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la colonia Santa Martha Acatitla, perímetro de la Calzada Ignacio Zaragoza”.