Humberto Ríos Navarrete/Milenio
México, D.F.- El pasado 27 de febrero, poco después de las 23:00 horas, una mujer y dos hombres caminaban sobre la avenida Vallejo, en la delegación Gustavo A. Madero, cerca de los límites con Azcapotzalco, cuando dos individuos les cerraron el paso; uno de ellos empuñaba su arma hacia arriba, mientras que el otro acercaba el cañón de un revólver al pecho de la muchacha, para luego atenazarla del cuello con la mano izquierda. “¡Ya valió madre —gruñó el asaltante—, hijos de su pinche madre, saquen los celulares!”.

La mujer, de 22 años, bajó su mano derecha hacia la bolsa trasera del pantalón, con la intención de sacar su teléfono, un Motorola 621, negro, en funda rosa, y casi enseguida escuchó la voz de su amigo Carlos Carrillo Díaz, de 24 años, quien alertó: “No les des nada, la pistola es de juguete”.

Y hubo una detonación...

El delincuente había volteado hacia el joven que gritó la advertencia, giró el cuerpo y a pocos metros jaló el gatillo. La bala pegó en el ojo.

Carlos Carrillo cayó frente al número 4725 de la avenida Vallejo, esquina  con Norte 15, frente a un negocio de pinturas, en una delegación que está entre las de más alto índice de criminalidad del Distrito Federal.

Todo fue rápido

El homicida y su cómplice corrieron sobre Norte 15, con dirección a la calle Poniente 110, mientras el amigo de la víctima intentaba comunicarse al 060, teléfono que no respondían, por lo que corrió hacia la avenida y vislumbró una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

La amiga, de manera discreta, no perdía de vista el recorrido de los asaltantes, cuyos rostros había logrado vislumbrar. Los tenía bien claros en su memoria.

Una ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos indicaron que Carlos había muerto.

Los peritos en criminalística realizaron sus respectivas diligencias y el “levantamiento” del cadáver.

Investigación por su cuenta

Pasaban los días.

Y nada.

Y vueltas y más vueltas.

Fue entonces cuando dos mujeres, la amiga y la madre de la víctima, se propusieron la tarea de investigar el crimen, pues pronto se percataron de la abulia y el burocratismo que reinaba en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de la delegación Gustavo A. Madero.

Y sigue la apatía oficial.

Pero ellas no se doblan.

Y ya hicieron denuncias.

Dieron con los culpables

—¿Y luego qué pasó?

—Pues di con el lugar donde habitan las personas que cometieron este delito —asegura la amiga desde la adolescencia de Carlos Carrillo Díaz.

En su indagatoria personal, discreta, escuchó decir a vecinos que han visto a los presuntos delincuentes, quienes abordaron un auto Stratus blanco, el mismo que, dice, había sido ubicado por las cámaras de video de la avenida Vallejo.

—¿Qué más le dijeron?

—Un vecino me dijo que esas personas venían a robar a esta zona y me dijo cómo podía ubicarlos, por lo que me di a la tarea de ir una semana después de que sucedió esto y los ubiqué; y ahí estaban, con alrededor de 10 o 12 personas más.

—¿Y cómo supo del Stratus?

—Porque al llegar a la agencia del Ministerio Público, un policía dijo que las cámaras habían ubicado un Stratus blanco, que era al que se habían subido los delincuentes.

—¿Y qué dijo el Ministerio Público?

—Me dice que van a hacer las labores pertinentes, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta; nos dijeron que iban a hacer una detención, que iban a hacer una redada, para poder detener a todos los tipos que estaban ahí, pero no han hecho nada.

Por eso sus denuncias.

Puras demoras y tropiezos

 La madre de Carlos se presentó esa madrugada en la Coordinación Territorial de la Procuraduría de Justicia,  en Gustavo A. Madero, conocida como GAM 3, donde fue informada del hecho por el oficial secretario José Luis Vázquez Contreras, quien le hizo algunas revelaciones, que solo quedaron en anécdotas, no obstante la importancia de los datos que pueden aportar para la investigación.

 —¿Y qué más le dijo?

—Me dijo que le acababan de notificar que habían visto unos videos de C2 en los que se veía a dos sujetos correr a un Stratus blanco y que posiblemente eran los que habían matado a mi hijo, que ya había solicitado los videos y que van  a hacer un acercamiento de las placas para ver si podían capturarlos, pero me entero de que no solicitó los videos.

Ella continuó la investigación, pero le informaron que el caso de su hijo fue trasladado a la Fiscalía de Homicidios, donde también ha encontrado demoras y tropiezos.

La mujer continuó con su investigación por su propia cuenta, pero más que ayuda parece encontrar obstáculos.

—¿Y qué averiguó?

—Yo veo que hay videos y se le notificó al Ministerio Público; al otro día acudo a hablar con el encargado del lugar —se refiere al dueño de un establecimiento comercial, ubicado en una esquina de la zona— y me dice que sí, que efectivamente ya vio el video, y que sí se ve todo, nada más que un poco borroso; le digo que nos importa ver la complexión y todo eso, pero cuando esa empresa manda ese video, lo manda ya con horario de que ya había sucedido todo, ya no se alcanza a ver lo que sucedió, lo que pasó.

La madre de Carlos, en sus vueltas, ha percibido los vicios que campean entre empleados, algunos de los cuales confunden franqueza con cinismo, por lo que ya presentó una denuncia contra ellos y envió una carta al procurador Rodolfo Ríos Garza, con copia al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

“Me atrevo a solicitar su apoyo debido a que desde el inicio de la averiguación ha habido algunas omisiones en el caso, ya que pese a haber varias pruebas, éstas no fueron solicitadas”, describe el segundo párrafo del escrito.

“Debo hacer de su conocimiento que por cuenta propia he realizado averiguaciones y he acudido en no menos de 12 ocasiones para darles a conocer los resultados a las personas a cargo del caso, sin lograr ningún resultado”, dice la carta, refiriéndose a José Luis Avelino Páez y José Luis Vázquez Contreras, ministerio Público y oficial secretario.

Y contra los mismos funcionarios envió un escrito, el pasado jueves, a la Fiscalía Central de Investigación para Servidores Públicos, donde los denuncia por “el delito de prevaricación y retardo de justicia en mi agravio y de la sociedad”.

Con la confianza, dice, de que ahora sí atiendan sus ruegos y capturen a los delincuentes, sin que todavía haya la certeza de que éstos continúen en su madriguera, pues a casi dos meses del hecho, el que disparó quizá sepa que si lo apresan ya no será acusado de robo a transeúnte, uno de los principales delitos en el Distrito Federal, sino de asesinato.