Agencias
MÉXICO, D.F.-  El general de brigada José Luis Sánchez León, quien fuera comandante de la 22 Zona Militar, así como otros mandos del 102 Batallón de Infantería, serán citados a declarar en el proceso que se sigue a ocho efectivos del Ejército mexicano involucrados en la muerte de 22 presuntos delincuentes durante un supuesto enfrentamiento (algunos dicen que se trató de una matanza) en una bodega de Tlatlaya, Estado de México.

De acuerdo con autoridades allegadas al proceso que se sigue en el fuero de guerra, los militares no debieron haber salido armados y en vehículos oficiales de las instalaciones castrenses sin notificar de ello a sus superiores, según se establece en los manuales de operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, informa Milenio.

El propósito de que comparezcan en el juzgado sexto militar es para deslindar responsabilidades y aclarar si existieron omisiones en el desarrollo del operativo que presuntamente se inició con base en una llamada anónima a la 22 Zona Militar.

Sánchez de León estaba al mando de las instalaciones castrenses, cuando la madrugada del 30 de junio de 2014 integrantes del 102 Batallón se enfrentaron a tiros con supuestos criminales.

Los detenidos son un teniente, quien en el fuero militar enfrenta cargos por delitos contra la disciplina castrense, desobediencia e infracción de deberes, mientras que siete soldados son enjuiciados por infracción de deberes.

Sin embargo, tres efectivos de tropa fueron acusados en el fuero civil del delito de homicidio calificado por parte de la Procuraduría General de la República.

Remoción

El general Sánchez León fue removido hace unos días de su cargo, que fue asumido por el general de brigada Diplomado de Estado Mayor, José Ricardo Bárcena Rosiles.

La Sedena no ofreció detalles del cambio y señaló que Bárcena Rosiles ocupaba el puesto de subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor de la dependencia y forma parte del grupo de mandos más cercanos al secretario Salvador Cienfuegos Zepeda.

Según elementos castrenses, la 22 Zona Militar ha mantenido una alta operatividad, debido a que en el área se ha detectado la presencia de cinco grupos de la delincuencia organizada.

Al acecho, comisión especial

En la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de Atención a Víctimas no ha intervenido en el caso de la probable ejecución de 22 presuntos criminales en Tlatlaya, porque aún no se determina la existencia de una posible violación a los derechos humanos.

Al rendir su informe de actividades ante la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, el titular del grupo plural, Jaime Rochín, dijo que dicha instancia está lista para intervenir y solo espera que un órgano investigador confirme el atropello a las garantías individuales.

“Estamos esperando a que haya esa determinación para poder operar”, señaló.

“Nosotros no tenemos facultad de investigación, entonces cuando alguien nos determine que hubo violación a los derechos humanos y un delito, ya sea el Ministerio Público o alguien que nos indique para nosotros entrar”, señaló.

Recuento del caso

El pasado 30 de junio la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de 22 presuntos delincuentes que se 'enfrentaron' con efectivos del Ejército mexicano en Tlatlaya, los cuales solo tuvieron un herido.

Señaló que la balacera se originó cuando los militares ubicaron una bodega custodiada por personas armadas, quienes al percatarse de la presencia de los efectivos dispararon en su contra.

El 25 de septiembre la Sedena informó que puso a disposición del juzgado sexto militar a un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos. Los ocho quedaron internos en la prisión adscrita a la Primera Región Militar.