Agencias
MÉXICO, D.F.- La investigación interna en torno a jueces y magistrados federales que presuntamente guardan relación con Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos, y que pudieron favorecerlo con sus resoluciones ya está en manos de la Procuraduría General de la República (PGR). 

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una denuncia de hechos en la PGR por las grabaciones que se difundieron sobre juzgadores que trataron de ayudar a El Zar de los Casinos para que tuviera "jueces a modo" y así evitar el cierre de sus negocios, informa Milenio.

La semana pasada el CJF suspendió a dos magistrados de circuito, un juez de Distrito y al secretario técnico del consejero, Daniel Cabeza de Vaca, además de que ordenó frenar sus pagos, debido a que son investigados por presuntos vínculos con Rojas Cardona.

Los magistrados suspendidos son Eduardo Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez Puerto, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Monterrey, y del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, en Tamaulipas, respectivamente; asimismo, Javier Rubén Lozano Martínez, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, y Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico.

La decisión responde a la investigación interna que se inició, luego de la divulgación de grabaciones que los relacionan con Rojas Cardona.

Determinarán faltas

El Consejo de la Judicatura Federal señaló que paralelamente y de acuerdo con sus facultades constitucionales, continuará con sus procedimientos administrativos para determinar las faltas en las que se pudieran haber incurrido los juzgadores.

"Asimismo, expresa su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, a fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito, ésta sea sancionada en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen una alta responsabilidad frente a la sociedad, que es la de impartir justicia", apuntó.

El órgano de control y vigilancia de los juzgadores federales mencionó que la decisión de denunciarlos se sustenta en los artículos 21, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 116, 117, 118 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que según la información difundida se involucra la participación de los mencionados funcionarios públicos en posibles delitos.