Denuncian renta de úteros de mujeres con discapacidad

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva anunció la creación de una Norma Oficial de Fertilidad Humana Asistida.

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Presentarán una iniciativa para modificar la Ley General de Salud y que prohíba que una mujer alquile su vientre para gestar un bebé. (dailystormer.com)
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Blanca Valadez/Milenio
MÉXICO, D.F.- El director general adjunto de Salud Reproductiva, del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Rufino Luna Gordillo anunció la creación de una Norma Oficial de Fertilidad Humana Asistida que, entre otras cosas incluye, la protección integral de las personas con discapacidad intelectual debido a que se ha detectado casos de mujeres cuyos úteros son rentados de manera ilegal para la procreación.

"Estamos viendo que personas con discapacidad intelectual están siendo utilizadas como úteros en renta", explicó Luna Gordillo tras referir que a pesar de los avances legales con el programa sectorial de salud y planificación familiar "aún estamos en pañales" para poder proteger de manera integral a este sector de la población que sufre todo tipo de abusos, desde discriminación hasta atentados a la dignidad humana.

Sin dar mayores detalles, el funcionario público detalló que en esta Norma Oficial se pretende erradicar y castigar con todo el peso de la ley ese tipo de violencia, asimismo, tiende eliminar diversas prácticas discriminatorias e ilegales detectadas entre el personal de salud que niega a las personas con discapacidad los métodos anticonceptivos que están a disposición de la población de manera gratuita.

Y a ello se suma, dijo, la falta de información que se debe otorgar por derecho y ley a la población discapacitada para garantizar el ejercicio de su sexualidad e incluso de planear el número de hijos que desean tener mediante programas de servicios de salud sexual y reproductiva.

En la inauguración del "Simposio derechos sexuales de las personas con discapacidad: avances y retos", Luna Gordillo, quien fue criticado por los asistentes por "usar un lenguaje inadecuado para referirse a los discapacitados", también explicó que en breve el sector salud junto con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad fortalecerán los talleres para capacitar a los integrantes del sector salud para atender de manera integral este sector.

De igual manera, comentó, como parte de esta Norma se crearán clínicas de planificación familiar en zonas urbanas y rurales, se destinarán consultorios específicos con personal capacitado para atender a sectores vulnerables, discapacitados y adolescentes, sobre estos últimos que son criticados por buscar protegerse a la edad de 14 o 16 años. Además se incentivará la paternidad activa para que los hombres se involucren y responsabilice con los hijos y se hagan vasectomías.

Con la Norma Oficial se pretende erradicar y castigar con todo el peso de la ley ese tipo de violencia

Ante la pregunta cómo garantizar el derecho a la reproducción a las personas que padecen Síndrome de Williams, trastorno genético en el que la persona tiene 50 por ciento de probabilidades de transmitir la mutación a sus hijos, Luna Gordillo explicó que, en este caso, los familiares, tutores y personal de salud son los que deben de tomar las decisiones que mejor les conviene.

"Hay que echar mano de todas las leyes, de poder buscar la mejor forma de que las decisiones que se tomen sean las mejores para las personas", dijo luego de recordar que en ello pueden intervenir el Instituto Nacional de Perinatología así como de Nutrición "Salvador Zubirán".

En su ponencia recordó que cuando llegó a la dirección general adjunta de Salud Reproductiva se hizo un diagnóstico sobre cuántos anticonceptivos estaban disponibles en los centros de salud y en los hospitales. "En la mayoría de los estados no había métodos anticonceptivos, por ahí inventaron que le pagaban a farmacias para cubrir ese requerimiento, sin que existieran datos fidedignos.

"Un acceso efectivo significaba que estuvieran esos métodos disponibles pero hace dos años no había. La descentralización de los servicios de salud se basa en que cada estado se hace cargo de sus propios recursos de acuerdo a sus prioridades locales. Pero nos imaginamos, porque no lo podemos comprobar, es que estas entidades dejaron de comprar anticonceptivos porque "nadie de muere" y destinaban el dinero a otras cosas".

Por ello, abundó, el gobierno federal determino retirar a los estados alrededor de mil millones de pesos para que el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva los comprara: en 2014 se invirtieron 974 millones de pesos en 10 métodos y en el 2015 812 millones para adquirir 13 métodos. Actualmente la cobertura es superior al 70 por ciento en sectores vulnerables, como adolescentes.

La cobertura en el IMSS es de 34.3 por ciento; en la SSA de 24 por ciento; Issste 4.7 por ciento; DIF 2.9 por ciento; en farmacias 19 por ciento y otros 15.1 por ciento.

Vida sexual plena

Luego de referir que también se está elaborando la carta de los discapacitados donde tengan acceso a una vida sexual plena, que abarque desde penetración hasta la erotización de su cuerpo, Olga Georgina Martínez Montañez, Jefa de la División de Infraestructura Médica at Instituto Mexicano del Seguro (IMSS) recordó que en México 3 millones 657 mil 292 personas sufren de discapacidad permanente, es decir, 3.3 por ciento de la población. De esa cantidad, detalló, 52.4 por ciento son mujeres y 47.6 hombres.

Por discapacidad, 58.3 por ciento no pueden caminar; 27.1 son ciegos; 15 por ciento carecen del habla; 14.5 por ciento sordos; 11.6 por ciento mentales; 8.8 por ciento no pueden cuidarse personalmente y 7.7 por ciento tienen déficit para aprender.

Luego de referir que las discapacidad en 32.8 por ciento se da por enfermedad; 26.1 por ciento desde el nacimiento; 22.6 por ciento por edad avanzada; 17.1 por ciento accidentes; 5.4 otro tipo y 7.1 por ciento se desconoce, Martínez Montañez precisó que uno de cada cuatro son analfabetas y 301.1 por ciento nunca han asistido a una consulta médica. Además el 16 por ciento reconoce que no se les respeta sus derechos en las instituciones de salud.

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