25 de Septiembre de 2018

México

Derechos humanos son política de Estado: Segob

Lía Limón indica que México ha asumido el compromiso de promover, garantizar y respetar las prerrogativas de los ciudadanos.

Limón aseguró que las víctimas de violaciones a derechos humanos son importantes para el gobierno. (Archivo/Notimex)
Limón aseguró que las víctimas de violaciones a derechos humanos son importantes para el gobierno. (Archivo/Notimex)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, ratificó el compromiso del gobierno de la República para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; los cuales, dijo, se han convertido en una política de Estado.

La funcionaria hizo notar la importancia que para el gobierno de México tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y ratificó el compromiso del Estado con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, así como con la construcción de una sociedad democrática de derechos.

De acuerdo a un comunicado de la Segob, Lía Limón firmó hoy en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, un acuerdo de solución amistosa en el caso Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre, con la finalidad de reparar integralmente a las víctimas del mismo, quienes sufrieron diversas violaciones a sus derechos humanos en 1997.

La funcionaria manifestó que la celebración del acuerdo de "solución amistosa" para el caso señalado, es un acto inédito, porque es la primera vez que el Estado mexicano firma un convenio de este tipo ante la Corte Interamericana, según cita Notimex.

Reiteró que el acuerdo refleja el compromiso que ha asumido el Estado mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el cual se ha convertido en una política de Estado.

Asimismo, mencionó que el documento demuestra la importancia que para México tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Detalló que una muestra de ello, es la celebración del citado acuerdo de solución amistosa, "a pesar de que algunos de los hechos materia del presente caso ocurrieron con anterioridad al reconocimiento que hizo el Estado mexicano de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

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