Joaquín Fuentes/Milenio
COAHUILA.- Martina rasca entre hierbas secas, piedra y tierra recién removida, dice que sabe lo que hace y dónde hacerlo, porque lleva años rastreando indicios de su hijo. Ocho para ser precisa. No le importa cargar a la espalda 40 grados centígrados de temperatura, 64 años, dolores lumbares y la miseria de la pobreza casi extrema. Vive de lavar y planchar ajeno y con eso también financia las búsquedas de su muchacho.

No importa tampoco que cientos de días sean perdidos en medio del árido paisaje que rodea Piedras Negras, Coahuila, una de las 10 ciudades consideradas con mejor calidad de vida en todo el país, de acuerdo con una evaluación hecha por el Instituto Mexicano de la Competitividad, la cual contrasta con los altos niveles de violencia que se han vivido en esta localidad en los últimos ocho años.

Desapariciones, ejecutados, peleas entre grupos del crimen organizado han dejado decenas de muertos en sus calles y alrededores. Uriel es uno de tantos: un grupo de hombres embistió su casa una tarde de agosto de 2008 para llevárselo y jamás regresar.

“Venían todos vestidos de negro, encapuchados y en camionetas, lo agarraron y lo patearon ahí mismo, luego se lo llevaron sin que pudiéramos hacer nada”, recordó Martina, su madre.

Cree que esta vez puede ser distinto, que Uriel pudiera estar donde con rabia intenta perforar. Es apenas un pequeño agujero en la tierra que ha logrado horadar con la varilla que le sirve de herramienta excavadora. Sus manos sudan y a veces pierde fuerza. Jala el aire caliente que abruma y sigue. Sigue con la esperanza de romper la piedra, de localizar un punto de tierra suelta y cavar más abajo, “solo así se puede, mire, toque, aquí se siente duro pero acá está flojo, señal de que removieron hace poco y es muy posible que hayan enterrado a alguien aquí”. Esa es su certeza, la misma que la acompaña desde 2009 en su primera búsqueda en solitario.

Aquella vez, después de sus indagatorias personales comenzó a rastrear los lugares que chismes y rumores indicaban “puntos” de fosas clandestinas. Casonas abandonadas, zonas semirurales, arroyos y ríos.

Ríos como el San Rodrigo, ese mismo donde recientemente las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) afirmaron hace unos días que restos humanos fueron arrojados ahí, luego que al menos 150 personas fueran secuestrados, torturados y asesinados por Los Zetas al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras.

La historia más macabra que esta ciudad, de apenas 150 mil habitantes, tiene para la memoria reciente, donde de acuerdo con la versión oficial se improvisaron hornos para desaparecer a hombres y mujeres secuestrados al exterior de esa cárcel durante la era en que Omar Treviño Morales, el Comandante 42, fuera jefe regional de Los Zetas en el noreste del país. Las confesiones de quien fuera el “jefe de cocineros” de ese grupo criminal, indican que durante el gobierno de Humberto Moreira, el Cereso hizo las veces de crematorio entre 2009 y hasta 2011.

A la par de Martina, una veintena de mujeres mal preparadas en el oficio de la búsqueda de cadáveres llevan 12 horas sin probar alimento ni agua. Exhaustas no quieren detener la jornada.

Vigiladas por un batallón del 12 regimiento militar, destacamentado en esta frontera, un grupo de peritos forenses de la Policía Federal, una docena de cadetes de la Fuerza Coahuila y el coordinador de Ministerios Públicos de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, José Juan Morales, son la cabeza de un movimiento relativamente nuevo en el estado, dedicado a rastrear indicios de los más de 200 desaparecidos documentados en esta ciudad a manos del crimen organizado.

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Aunque escépticas de los resultados, las autoridades decidieron por primera ocasión colaborar junto con los familiares de desaparecidos en estas búsquedas, “no podemos ceñirnos solo a buscar en el río san Rodrigo, que fue el primer sitio donde tuvimos indicios concretos que fueron arrojados ahí restos humanos y donde ya agotamos por ahora los rastreos. Tenemos que ampliar a donde nos indican los familiares, ya sea en una parcela, una ranchería, donde tengamos que buscar lo haremos, pues son muchas las denuncias que tenemos”, señaló José Juan Morales.

Ariana García, abogada y representante de Familias Unidas, asociación que ha logrado documentar al menos 40 casos de desapariciones forzadas a manos del extinto Grupo de Armas y Tácticas Especiales (Gates) de la policía estatal, quienes afirman se encontraban al servicio de Los Zetas para ejecutar enemigos y mantener en orden la plaza, explica que los desaparecidos dentro del penal de Piedras Negras fueron en muchos casos ”gente común y corriente que fue señalada por halcones y ejecutada sin sentido”.

Coahuila reporta alrededor de dos mil denuncias sobre desapariciones forzadas a manos del crimen organizado. El penal de Piedras Negras de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría del estado estuvo bajo control absoluto de Los Zetas entre 2010 y 2012. Ahí además de las desapariciones de civiles ajenos a la población del Cereso se fabricaron uniformes, fundas, chalecos antibalas para la organización criminal, adecuaban vehículos para transportar droga y fue refugio de Omar Treviño, el Comandante 42, cuando las fuerzas armadas iban por él.

Dos días de búsqueda en una primera jornada conjunta entre autoridades estatales, federales y el pequeño grupo de familiares de desaparecidos, arrojó el descubrimiento de un pantalón, algunas astillas de hueso y cientos de casquillos de armas largas percutidos como indicios para identificar a víctimas. No más que eso.

La primera jornada de trabajo se dividió en tres puntos de búsqueda que inició a las 08:00 horas y concluyó a las 20:00 horas. Puntos que estableció la autoridad. Cuatro binomios caninos abren la ruta. Olfatearon y marcaron posibles puntos de búsqueda. Siguieron equipos detectores y luego unidades de cadetes que marcaron las zonas de rastreo y detrás, los familiares que con sus varillas, palos y rastrillos deshierban, remueven piedras y tierra con la esperanza de que al hurgar, encuentren sino a su familiar, los restos de alguno que dé tranquilidad a otro.

En la segunda jornada, a diferencia de la primera, los puntos de búsqueda los establecieron los familiares. Cuatro zonas marcadas que previamente fueron exploradas por ellos mismos y que han sido motivo de amenazas de muerte contra varios activistas.

Todas son madres y esposas de las víctimas. Tan solo las acompañan un par de hombres de otras organizaciones para apoyarlas. Son ellas quienes no se cansan de rastrear, de exigir y de luchar por descubrir el último paradero de sus desaparecidos.

Adela nació en Durango, pero cuenta 20 años viviendo en Piedras Negras, a donde llegó con la idea de cruzar a Estados Unidos. La vida y sus giros llevaron a esta familia a quedarse de este lado del Río Bravo con la idea de prosperar, pero no siempre les fue bien. Su hijo mayor, Emilio, comenzó una doble actividad. Durante el día trabajaba para una ferretería y al salir, las amistades lo convencieron de vigilar a las fuerzas federales por tres mil pesos mensuales. El doble de su paga en el establecimiento.

Durante uno de esos rondines de vigilancia, cuenta su madre, “trabajaba para los del Cártel del Golfo, o al menos eso sabía yo, lo interceptaron y desapareció”. Ella también cree que es uno de los 150 muertos en el penal. No lo sabe, pero lo intuye por el tiempo en que sucedió, “es cuestión de cuadrar las fechas y con lo que acaba de conocerse por la procuraduría, creo que mi hijo pudo haber estado en ese penal “pagándosela a esos desgraciados”.

Sabe que andaba en malos pasos, “pero eso a una madre no le importa, una va ir hasta el mismo infierno para encontrar a su criatura, si es bueno o malo uno no lo juzga, solo trata de defenderlo y ahora nomás me queda encontrar algo de él para que esté en paz, saber dónde quedó, con eso me conformo. Sé que no lo voy a tener de vuelta, pero si al menos sé dónde quedó voy a cerrar esa herida”.

La recopilación de datos genéticos y los comparativos que han proporcionado los familiares para la indagatoria se llevarán varias semanas, así lo indicó José Juan Morales, el coordinador de Ministerios Públicos de la entidad, “no podemos dejar solas a estas familias, tenemos que ir a donde nos indiquen y tratar de apoyarlas en todo cuanto lo requieran, es un trabajo muy lento y muy grande, pero queremos devolverles un poco de paz en medio de todo el dolor por el que ya han pasado”.

En próximas fechas, indica el funcionario, se dará a conocer una primera lista con los nombres de las posibles víctimas del penal de Piedras Negras, datos que solo ellos (la autoridad) conocen hasta el momento y que es un reclamo de los familiares de los desaparecidos en la zona, pues para ellos “sería más fácil saber los nombres que se tienen de los que desaparecieron allá adentro para cotejar con nuestras listas e ir descartando en nuestras búsquedas, centrarnos en quienes de verdad no sabemos dónde fueron arrojados”, afirmó Ariana García, la represente de Familias Unidas.

Mientras eso ocurre, autoridades y familiares recorren los posibles puntos señalados para tratar de encontrar indicios, pero la capacidad está rebasada, pues hay al menos un centenar de zonas “que debemos y queremos explorar, porque sabemos que ahí podemos encontrar restos”, explicó Ariana García, “hemos hecho un gran trabajo de mapeo, pero es demasiado extenso para que solo nosotros vayamos a buscar y con las amenazas que tenemos sobre varios de nosotros es imposible avanzar sin el apoyo de las autoridades. Este es un primer paso, pero faltan unos muy grandes que no sabemos si podremos dar”.

María Inés está sentada junto a la foto de su esposo, de su hija, una adolescente que contaba apenas seis años cuando desapareció Ernesto, administrador de un lavado de autos.

Anochece y aún suda después de buscar durante dos días los restos de Ernesto en baldíos y despoblados. Sigue pensando que una de estas tardes podría volver por su pie. La puerta se queda abierta.