22 de Septiembre de 2018

México

Desvíos en Chihuahua, sin culpables y sin castigo

De acuerdo con el Imco la Auditoría Superior del Estado no puede aplicar sanciones debido a las leyes del estado.

César Duarte, quien aparece en la imagen con el presidente Peña Nieto, fue acusado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral,  de dejar la entidad en bancarrota. (facebook.com/cesarduartejaquez)
César Duarte, quien aparece en la imagen con el presidente Peña Nieto, fue acusado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de dejar la entidad en bancarrota. (facebook.com/cesarduartejaquez)
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Rafael Montes/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advirtió desde 2013 que las leyes locales en Chihuahua no permiten que la Auditoría Superior del Estado aplique sanciones.

En el estudio “Auditorías superiores locales: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, se detalla que el órgano fiscalizador del estado se encuentra en el lugar 29 del ranking de las 32 entidades, solo por encima de la Ciudad de México, Baja California Sur y Tamaulipas.

Hace unos días el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, acusó a la administración de César Duarte de dejar la entidad en bancarrota.

El estudio evalúa la calidad del ordenamiento legal para la fiscalización y la información publicada en los portales de las auditorías superiores de los estados.

En el caso de Chihuahua, se revisó la Ley de Auditoría Superior del Estado, cuya última reforma se publicó el 2 de febrero de 2013.

El Imco advirtió que después del análisis se encontró que “la ley no permite que haya consecuencias, pues la Auditoría Superior Estatal no puede determinar responsabilidades a funcionarios o iniciar directamente procedimientos sancionatorios”.

Entre las debilidades encontradas destacaron que la normatividad local tampoco permite auditorías extraordinarias y no se garantiza que pueda determinar responsabilidades de los servidores ni los daños y perjuicios a la hacienda pública ni que pueda iniciar procedimientos administrativos contra funcionarios probablemente responsables de haber cometido irregularidades.

Además, la Constitución estatal no establece las competencias o facultades de la Auditoría Superior local y no se establece la obligación para que preserven sus documentos en archivos administrativos actualizados y publiquen, en medios electrónicos, información sobre sus indicadores de gestión y del ejercicio de los recursos públicos que reciben.

Tampoco se establece con claridad la función del Poder Legislativo en la fiscalización superior y no se especifica qué instrumento servirá para que concluya la revisión de la Cuenta Pública.

El estudio fue tomado como una de las fuentes principales por la OCDE para el documento “El sistema nacional de fiscalización de México”, presentado hace unas semanas ante las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación.

La evaluación de la calidad de la información publicada en el portal de internet de la Auditoría Superior de la entidad ubica a Chihuahua en el lugar 23 de 32, pues en el sitio web no hay datos como el informe final de resultados de las auditorías practicadas, seguimientos a las recomendaciones emitidas a los funcionarios, y no se muestra la metodología y los criterios de fiscalización.

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