Blanca Valadez/Milenio Diario
MÉXICO, DF.- El fortalecimiento presupuestal de los diferentes fondos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para combatir la violencia, la corrupción y mejorar la impartición de justicia del sistema penitenciario carece de información sobre las metas cumplidas y, por el contrario, registró un subejercicio de 54.6 por ciento durante 2012, equivalente a más de cuatro mil 400 millones de pesos, informó el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal.

Durante un seminario sobre la violencia en el Colegio de México, explicó que durante el análisis de la cuenta pública de ese año, se detectó que el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las 32 entidades, en lugar de abatir la impunidad en México, propició prácticas de desvío de recursos, afectando de manera “perversa” los programas de salud y educación.

“La normatividad señala que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública está encargado de revisar el manejo de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública”, resaltó.

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) constató que el Sistema de Evaluación ejecutado por el secretariado no genera incentivos para la entrega de información oportuna y completa, además de que omite la verificación del avance de metas de los programas de prioridad nacional.

“Esto tiene como consecuencia que no sea posible determinar el impacto de los fondos en el fortalecimiento de la procuración de justicia” y, por el contrario, que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) se destinaran a cuestiones políticas y “a fines distintos a los previstos”, como consolidar acciones de prevención y atención del delito, así como para la mejora de infraestructura de las instituciones de seguridad pública.

Portal señaló que en algunos casos se “reprogramaron los fondos sin disponer de la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Se careció de documentación comprobatoria o justificativa del gasto y no se ejecutaron obras públicas pagadas.

El auditor detalló que se detectaron además irregularidades en los procesos de adjudicación de bienes y servicios, así como en la contratación de obra pública, y retrasos en la entrega del armamento y las municiones adquiridos por la Sedena.

Se trata, consideró, de una situación alarmante, ya que mientras el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública aumentó 888 por ciento en 2012, la cuenta pública del FASP del mismo año observó “que 54.6 por ciento de los recursos transferidos al fondo no fueron ejercidos en el año fiscal correspondiente, recursos que ascendían a más de cuatro mil millones de pesos”.

En lo que respecta a la colaboración entre las procuradurías, la ASF evidenció la carencia de programas conjuntos para el abatimiento del rezago en la atención de averiguaciones previas y, por lo tanto, en la disminución de la impunidad.

Sobre infraestructura penitenciaria, dijo que las obras previstas en 33 contratos de obra pública y de servicios a precios unitarios y tiempos determinados no se concluyeron en el plazo convenido, por lo que se formalizaron 89 convenios modificatorios que aumentaron los costos 11 por ciento.

Sumado a ello, los servicios de gerencia de proyectos y de supervisión se incrementaron hasta 80 por ciento.

“En el tema específico del gasto federalizado, que corresponde a los recursos que se transfieren a los estados considerados en el ramo general 33, es necesario mencionar que éstos se canalizan principalmente a través del FASP, con un monto asignado para 2012 de 7 mil 374 millones de pesos. Asimismo, en el caso municipal, para el ramo 04, se asignaron cuatro mil 453. 9 millones de pesos al Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun)”.

“La mitad de las entidades tienen desviaciones (sic) de recursos cada año”, pero en 2012 hubo mayor presupuesto para las que tenían mayor población e incidencia delictiva, que representó apoyar a 223 municipios y a las 16 demarcaciones del DF.

“No hay una vinculación entre el uso de esos recursos y los indicadores relacionados con los índices delictivos, aunque se señala que 62.5 por ciento de los entes revisados tuvo mejoría en los índices referente a robos, 33 aumentaron y 4.2 no dispuso datos”, expresó.

El auditor añadió que tampoco hubo capacitación ni profesionalización. No se dio equipo y se postergaron los plazos para el cumplimiento de la certificación de los cuerpos policiales en cuanto a la evaluación de confianza.

Por ello, Portal propuso la emisión de la ley general del gasto federalizado, con el fin de dar integralidad a la gestión y resultados de los recursos que se transfieren a estados y municipios. Asimismo, para que se apliquen evaluaciones anuales para obligar la entrega a la federación de los recursos no ejercidos de manera inmediata, ya que los juicios y reposiciones ha permitido rescatar 80 mil millones de pesos en los últimos 10 años.

“Se quita ese presupuesto a salud y educación, que es criminal. Hay una práctica perversa en muchos estados, en la mayoría. Los fondos se concentran en una cuenta, así la llaman, donde se pierde el control y de ahí toman recursos para pagar todo”, dijo.