Fanny Miranda/Milenio Digital
MÉXICO, DF.- El Registro Nacional Agrario (RAN) detectó 16 mil 354 inmuebles públicos que no cuentan con títulos de propiedad de los predios donde se establecieron, de los cuales 80 por ciento (poco más de 13 mil) son escuelas de preescolar, primaria, secundaria y universidades.

De no regularizarse, serán desalojados por parte de los dueños de la tierra, lo que perjudicará a las secretarías de Educación estatales y a las comunidades que se benefician con sus servicios.

“Cualquiera que no tenga su título de propiedad puede ser despojado, porque sin ello el propietario se va a un juicio, exige su derecho legítimo y está en un estado de vulnerabilidad”, alertó Manuel Ignacio Gutiérrez, director en jefe del RAN.

De acuerdo con reportes a los que Milenio tuvo acceso, esa situación se presenta principalmente en Chiapas, donde se ubicaron tres mil inmuebles escolares asentados en predios irregulares;

El funcionario explicó que en esos casos los inmuebles públicos, como escuelas, clínicas, parques y hasta panteones, se construyeron en una parcela con la autorización de la asamblea ejidal, pero solo de palabra, sin realizar el procedimiento para otorgar al estado el título de propiedad.

Por ello, al pasar al dominio pleno, los propietarios de las tierras están en condiciones de desalojar a la comunidad y al Estado de esos inmuebles.

“Quien no tenga su certificado parcelario, su título de solar urbano, su certificado de parcela de uso común y sus derechos ejidales vigentes, se encuentra en un estado de vulnerabilidad, pero también los estados y municipios se encuentran en la misma condición.

“Identificamos en este primer levantamiento alrededor de 16 mil predios donde se asientan clínicas, escuelas, parques, unidades deportivas, calles, plantas de tratamiento de agua”, detalló.

El RAN presume que el número de escuelas que se encuentran en ese riesgo es aún mayor de lo que revela este diagnóstico preliminar (que detectó 12 mil 800 escuelas en predios irregulares), pues por lo menos 40 por ciento de los 207 mil 682 centros escolares que existen en el país se ubica en ejidos.

“52 por ciento del territorio nacional es origen propiedad social, más de 100 millones de hectáreas están en esa condición. Antes de esta administración, este programa no existía, por lo tanto no tenemos información detallada; la estamos recopilando conforme a los levantamientos topográficos y el análisis de las actas de asamblea”, explicó.

Para tener mayor precisión sobre el número de escuelas que se encuentran irregularmente en núcleos agrarios y que pueden enfrentar un juicio, el RAN propuso en abril pasado instalar una Mesa Nacional para la Regularización de Espacios.

El objetivo es firmar un convenio de colaboración a finales de 2014 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que el RAN pueda tener acceso a la base de datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y cruzar la información con el registro agrario.

“No se conocía ese tema, el RAN se está dando cuenta y por eso lanzamos este programa tan importante; les hemos pedido a los secretarios de Educación estatales, al secretario Emilio Chuayffet y al subsecretario Enrique del Val, que nos hagan llegar la información de escuelas que no tienen títulos, porque si ellos no nos la brindan, nosotros no podemos acceder a los sistemas de información de los estados”, señaló Gutiérrez.

El RAN alerta que los inmuebles públicos en predios irregulares genera enormes pérdidas para el Estado, ya que a fin de conservarlos, se deben enfrentar largos juicios ante el Tribunal Agrario; además, las secretarías de Educación deben pagar millonarias indemnizaciones o, en su defecto, restituir el predio.

Advirtió de que construir en predios irregulares genera problemas a los estados para obtener más recursos, ya que sin el título de propiedad no pueden respaldarse para ejercerlos, aunado a que carecen de un inventario de los inmuebles que les pertenecen.

A la fecha, el RAN ha firmado convenios de colaboración con 16 estados para la regularización de inmuebles de servicio público asentados en propiedad social; han avanzado con Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo.