Érika Flores/Milenio
MÉXICO, D.F.- Once de los 23 detenidos por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán pueden quedar libres por una sencilla razón, a decir del abogado defensor José Alberto de la Cruz, “ellos, materialmente, no pueden emitir un código rojo tras la fuga. Recordemos que no son custodios sino policías federales adscritos a la División de Inteligencia, sus radios son para comunicación con la Policía Federal. Y los manuales de ésta no hablan de código rojo sino de poner al penal en alerta y eso hicieron”.

La fuga del capo más importante del país ha dejado hasta ahora dos causas penales (una en Toluca y otra en León) por los delitos de evasión y omisión; más un expediente de 48 tomos que pretende resolver un misterio: ¿quiénes colaboraron en tal huida? “Nadie activó el código rojo, eso es un hecho. Pero hay que ver quiénes podían haberlo activado, y eso le tocaba a Prevención y Readaptación Social: sus manuales sí hablan del código rojo. Así que al no haber esa omisión, quedarían automáticamente en libertad”, comentó el abogado.

Molestos por ser juzgados a priori como cómplices del narcotraficante, las familias de siete de estos 11 policías federales (a quienes erróneamente se les ha denominado custodios por el hecho de vigilar los monitores del penal del Altiplano) hablaron a MILENIO de las irregularidades del caso.

Exámenes y firmas

Los policías federales Vicente Flores Hernández y Jaime Galindo Hernández tienen la mayor antigüedad en penales federales del país. El primero llevaba 21 años y el otro 18. El resto, aunque tiene entre cuatro y ocho años dentro de la corporación, era su primera vez como personal asignado a una cárcel. Su experiencia en este ámbito oscila entre cinco y 18 meses. Nos referimos a Reyes Amyr Mota Carrillo, Erick Soria Martinez, Luis Alberto Aguilar Morales, Emmanuel Galicia Conchillo y Agustín Jiménez Molina.

Todos aprobaron los exámenes de confianza y pertenecen a la División de Inteligencia. Esa es la primera incongruencia que señala Edith Mujica, cuñada de Jaime Galindo. 

“En todas las pruebas salió bien, no es posible que acabando de pasar los exámenes de confianza salgan con una situación de esta magnitud ¡tan catastrófica!”. Visiblemente afectada por lo ocurrido y por las consecuencias causadas en los octogenarios padres de Jaime, remata: “Por eso nos quedamos en shock cuando lo vimos rapado y con el uniforme de preso, en lugar del de policía”.

La falta de capacitación es otro punto que destaca Margarita Vargas, esposa de Erick Soria Martínez. “No recibió ningún entrenamiento, y estando ya detenido querían que firmara con fechas atrasadas que sí recibió capacitación y los protocolos de seguridad y el reglamento de servicios penitenciarios. Por eso tengo 'muina', porque lo aventaron, como decimos nosotros. Él no tenía ningún conocimiento de centros penitenciarios”.

Martha Maldonado, esposa de Vicente Flores Hernández (enlace del penal con la Policía Federal y quien es el único preso en un penal de Guanajuato) cuenta que mientras su esposo rindió declaración el abogado de oficio estaba durmiendo, “y cuando lo busqué al día siguiente resulta que el señor se fue de vacaciones. Las cuentas bancarias están congeladas con todo y que le debemos al banco. También cesaron sus pagos y si mis hijos requieren servicio médico no podrán recibirlo porque el Issemym pide el último talón de pago”.

Estas familias coinciden en que los sueldos de sus seres queridos (llamados “dispersión”) siempre eran irregulares, pues los depósitos mensuales no siempre fueron por las mismas cantidades. Refieren también que el pago de viáticos fue suspendido desde junio y que para obtenerlo debían entregar hojas firmadas en blanco. Nelly Mota —hermana de Amyr Reyes Mota— teme que tales hojas puedan ser usadas contra ellos.

Además, varias de las detenciones se realizaron un mes después de la fuga del Chapo, cuando los acusados ya habían sido reasignados a otros penales del país, como ocurrió a Agustín Jiménez Molina, esposo de María Trinidad Hernández. Él fue aprehendido trabajando en un penal en Jalisco.

Caso extremo es el de Lizbeth Hernández, esposa de Emmanuel Galicia Conchillos, detenido el 30 de agosto cuando fue a la tienda de la esquina de su casa, acompañado de su hija de dos años. 

"Se los llevaron en un auto particular. A la hora me llaman de la Policía Federal de Constituyentes avisándome que tenían a mi esposo y que en cuánto tiempo llegaba para recoger a mi hija. Iba en camino y llaman de nuevo, que ya se los iban a llevar a la Seido, que mejor recogiera a la niña allá”, relata molesta. 

“¡Me quejé en Derechos Humanos y me salieron con que no es delito que se hayan llevado a la niña!, ¡pero mi hija no debió de haber pisado Constituyentes ni la Seido porque es menor de edad!”

“Ni criminales ni delincuentes. Mi hermano Luis Alberto Aguilar Morales es una persona intachable, jamás se prestaría a ser corrupto aunque la Policía Federal lo detuvo con lujo de violencia”, relata Rocío Figueroa.

Durante la realización de estas entrevistas, diez de estas familias recibieron la noticia de que sus familiares estaban abandonando el penal del Altiplano para ser trasladados a otro en Nayarit. Por eso, en los próximos días viajarán hacia allá (desde sus estados de origen, Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Chiapas y Guerrero) para poder verlos.

Irving Campos, director de Praxis Legal, refirió que como defensores de estos 11 policías federales tienen ya una teoría del caso que sustenta su defensa

“Demostraremos que la PGR tuvo inconsistencias, violaciones al procedimiento, privación de la libertad, incomunicación y detención ilegal. Y aunque la autoridad sostiene lo contrario, la realidad es que no ha aportado ninguna prueba nueva, son las mismas que incluyó en los dictámenes periciales”.