Lorena López/Milenio
MÉXICO, D.F.- El crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo son factores de riesgo potencial para la seguridad nacional, que pueden afectar la integridad y la estabilidad del Estado mexicano, aseguró la Secretaría de Gobernación.

En su Programa Sectorial 2013-2018, que forma parte del diagnóstico en materia de seguridad y justicia del gobierno mexicano, la dependencia federal considera la migración ilegal, el tráfico de armas y de personas, además de la proliferación de armas de destrucción masiva, también son factores que pueden amenazar al Estado. 

En el documento se explica que existen tendencias externas e internas que pueden convertirse en riesgos y amenazas e incidir negativamente sobre la estabilidad del Estado, porque tienen el potencial de vulnerar el territorio, la soberanía, el orden constitucional, las libertades e instituciones democráticas, así como el desarrollo económico del país.

Para la dependencia federal, en el siglo XXI existen fenómenos sociales, ambientales, económicos, políticos, tecnológicos y demográficos que impactan la seguridad y la preservación de la gobernabilidad democrática. 
Ante ese panorama, la Secretaría de Gobernación propone, con base en la realidad actual del país, un enfoque preventivo, pero plantea también identificar, dimensionar y jerarquizar los efectos de ese tipo de fenómenos. 

Entre las amenazas al Estado mexicano, señala la dependencia, destacan “algunos factores internos, como la violencia derivada del crimen organizado y el narcotráfico, además de problemáticas a escala mundial, como el terrorismo, la dinámica migratoria, el tráfico de armas, de personas y de estupefacientes así como temas relacionados con el desarme y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Para el gobierno mexicano, consolidar el sistema de seguridad nacional, impulsar una política estratégica en la materia y la constante coordinación entre las instituciones del Estado son imprescindibles para garantizar los objetivos e intereses nacionales.

Gobernabilidad

En el ámbito de gobernabilidad democrática, el diagnóstico afirma que las autoridades federales enfrentan “el reto de proteger el estado de derecho”, aunque también existen otros desafíos inherentes a la pluralidad y diversidad de la sociedad.

En este sentido, acepta que hay bajos niveles de participación ciudadana por factores como la poca confianza en los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de gobierno.

También admite que es limitada la corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno, mientras que la atención a conflictos sociales ha sido inadecuada en los años recientes.

El diagnóstico de la Secretaría de Gobernación reconoce que la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los mexicanos, pues además de que frena el crecimiento de la economía, aumenta los costos de operación de las empresas de forma directa o indirecta. 

También acepta que la crisis de violencia e inseguridad está estrechamente relacionada con el incremento de delitos en los últimos años, sobre todo en el periodo que va de 2006 a 2012.

Establece que en ese periodo los ilícitos del fuero común se incrementaron 15.7 por ciento y precisa que mientras en 2012 hubo mil 454 delitos del fuero común por cada 100 mil habitantes, en 2006 la incidencia fue de mil 402.

También se asegura que “la impunidad y la ineficacia en la persecución y sanción del delito han contribuido a agravar el problema de inseguridad”, porque actualmente solo ocho de cada 100 ilícitos cometidos son denunciados. 

Además, destaca que solo 1 por ciento de los delitos denunciados son perseguidos hasta lograr sentencia, lo cual “evidencia las limitaciones y carencias que experimentan el sistema de justicia penal para garantizar a la sociedad el acceso a una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente”.

Falta coordinación

La Secretaría de Gobernación afirma también que “el crecimiento de las organizaciones criminales encontró un escenario de escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno, una creciente desconfianza entre corporaciones de seguridad y relativa resistencia a la colaboración conjunta”.

Por ello, plantea una política que reduzca la violencia, dando prioridad a esquemas de coordinación permanente y atención diferenciada, según la incidencia de delitos en cada región.

También apuesta por el intercambio de información e inteligencia entre instituciones y mecanismos para formar corporaciones policíacas más confiables y eficaces en todo el país.