Luego de que la semana pasada les cumplimentaran nuevas órdenes de aprehensión, un juez federal del Estado de México dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por los delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

De igual forma, el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, procesó al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por los probables delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

De acuerdo con las investigaciones, Abarca Velázquez y Pineda Villa fueron acusados por el testigo protegido con nombre clave "Juan", identificado como el exjefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias "El Gil", quien aseguró que José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda brindaron protección a esa organización criminal.

Para imputar a Abarca y a Pineda Villa, Fiscalía General de la República (FGR) también utilizó como datos de prueba los testimonios de la testigo colaboradora con nombre clave "Karla", mientras que contra Felipe Flores, han declarado alrededor de 20 testigos en el sentido de que el exfuncionario también otorgaba protección a Guerreros Unidos.

Caso José Luis Abarca

Hace unos días trascendió que, por falta de pruebas, un juez federal, con sede en Tamaulipas, absolvió al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, se informó que Abarca seguiría recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano porque está acusado de otros delitos, como delincuencia organizada, lavado de dinero y del homicidio del activista Arturo Hernández.

De acuerdo con fuentes federales, el titular del Juzgado Tercero de Distrito de procesos penales federales de Matamoros determinó que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes para vincular al político con el secuestro y desaparición de los jóvenes.

En agosto pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, acusó que quienes ordenaron la desaparición de los normalistas fueron José Luis Abarca y líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, en coalición con otras autoridades. 

(Con información de El Universal)