Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- La PGR abrió la posibilidad de consignar ante un juez una averiguación previa contra la diputada local de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López como probable responsable del delito de uso de documentos falsos por ingresar con una identidad apócrifa al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, donde se entrevistó con Joaquín El Chapo Guzmán.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) modificó el estatus de la legisladora, quien de testigo pasó a ser indiciada por identificarse como Devany Vianey Villatoro Pérez con un acta de nacimiento y una credencial de elector apócrifas.

Sánchez López se reservó su derecho a declarar y tuvo acceso a la indagatoria que integra la Seido. En los próximos días la sinaloense presentará por escrito su declaración para aportar pruebas en su defensa.

La legisladora que renunció al PAN abandonó la Seido con el rostro cubierto, sin realizar algún comentario, y abordó el automóvil de su abogado Rubén Tamayo, tras 22 horas de permanecer retenida.

Minutos antes de que Lucero Guadalupe saliera de las instalaciones federales, el abogado Tamayo declaró que el agente del Ministerio Público federal continuará integrando el expediente y en los próximos días harán llegar las pruebas para demostrar la inocencia de su cliente.

El litigante mencionó que Sánchez López jamás estuvo incomunicada y tampoco recibió un mal trato, porque “todo (se realizó) conforme a derecho”.

“Adentro (de la Seido) solamente se enteró de la averiguación previa, que es voluminosa y se reservó su derecho a declarar; (la diputada) tomó datos, tomó elementos y después se hará por escrito la declaración”, expresó.

Tamayo puntualizó que, por el momento, la PGR no ha iniciado los trámites para un juicio de procedencia para que se le retire el fuero a la diputada, porque para ello primero debe consignar el expediente ante un juez federal, pero antes de eso debe esperar a que presente alegatos en su defensa.

—¿Esta decisión de reservarse su declaración no le perjudica a ella?

—No, al contrario, con más calma puede entregar sus pruebas y acreditar que ella no está involucrada en este asunto.

Indicó que Guadalupe Sánchez pudo haber hecho uso de su fuero, pero no se le violaron sus derechos, porque su traslado a la Ciudad de México fue para enterarse y comparecer ante el Ministerio Público federal.

De acuerdo con funcionarios federales, contra la legisladora hay señalamientos de que mantiene una relación sentimental con El Chapo Guzmán, además de que hay indicios de que es la misma mujer que visitó al capo con una identidad falsa en el penal del Altiplano.

Asimismo, existen informes gubernamentales que aseguran que en diciembre de 2015 El Chapo pasó las fiestas decembrinas con su familia y los festejos de Año Nuevo con la diputada.

El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, dio a conocer el 14 de abril de 2015 que una mujer ingresó con documentación falsa al penal de máxima seguridad del Altiplano y se entrevistó con el capo, reunión en la que estuvo presente Óscar Manuel Gómez Núñez, abogado particular del líder del cártel de Sinaloa y que hoy se encuentra preso.

Después, el periodista Joaquín López-Dóriga, en la columna En Privado, en MILENIO Diario, señaló que Lucero Guadalupe es la misma mujer que burló la seguridad de la cárcel.

La diputada dijo que esa noticia puso en peligro a su familia, pues a partir de la publicación comenzó a recibir “amenazas telefónicas anónimas”.

“Ante esta mentira hago responsable a la diputada federal Francisca Elena Corrales de lo que me ocurra a mí, a mis hijos o cualquier integrante de mi familia”, advirtió.

Qué dice la ley

Antes de que la Seido dejara libre a la diputada ligada a El Chapo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos, aclaró que no se violó el fuero de Lucero Guadalupe Sánchez López, porque no se le llamó en calidad de indiciada, sino para colaborar como testigo.

Sin embargo, de acuerdo con el senador, al cambiar la situación legal de la legisladora, entonces sí tiene que haber un juicio de  procedencia en el Congreso de Sinaloa.

Hizo notar que la Constitución en su artículo 111, fracción quinta, define los supuestos para acusar penalmente y luego viene una serie de  referencias a senadores y diputados, en las que se contemplan también a los legisladores locales y gobernadores de los estados.

Burgos advirtió que cualquier acusación en su contra sí requiere un juicio de procedencia y se deberá tener cuidado para que éste se ajuste a derecho.