23 de Septiembre de 2018

México

Diputados quieren 'fast track' para reforma energética

Los diputados votarán un acuerdo para discutir el proyecto de manera inmediata, sin necesidad de turnarlo a comisiones.

Legisladores de izquierda tomaron la tribuna del Pleno de San Lázaro, por lo cual la sesión de discusión de la reforma energética tuvo que cambiar de sede. (Agencias)
Legisladores de izquierda tomaron la tribuna del Pleno de San Lázaro, por lo cual la sesión de discusión de la reforma energética tuvo que cambiar de sede. (Agencias)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- El pleno de la Cámara de Diputados desechó tres mociones suspensivas presentadas por los legisladores perredistas Luis Espinosa Cházaro y Carol Antonio Altamirano, así como la petista Lilia Aguilar, con la intención de frenar la discusión exprés de la reforma energética.

En un recinto alterno dentro del Palacio de San Lázaro, los diputados federales se alistan a votar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para discutir el proyecto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de manera inmediata, sin necesidad de turnarlas a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Energía. 

En representación de sus respectivas bancadas, legisladores fijan en este momento posicionamientos en tribuna sobre la reforma energética, de acuerdo con Milenio.

La Cámara de Diputados comenzó la tarde del miércoles a discutir la mayor reforma energética en décadas que abre la industria petrolera de México a la iniciativa privada nacional y extranjera, aprobada horas antes por el Senado y luego de un intento de izquierdistas de impedir el debate.

A mano alzada, la mayoría de los diputados aprobó discutir la reforma directamente en el pleno, sin pasar antes por comisiones, como pedían los izquierdistas.

Previamente, en una sesión de más de 23 horas, el Senado aprobó la mañana del miércoles la reforma que termina con el monopolio estatal en la industria petrolera.

El proyecto modifica la constitución y permite al gobierno otorgar contratos y licencias para la exploración y producción a empresas multinacionales, algo expresamente prohibido hasta ahora.

La izquierda, que ha promovido protestas diarias en calles de la capital y frente al Congreso, ha dicho también que antes de discutirse en las cámaras la reforma debía ser sometida a una consulta popular, algo que los promotores de la iniciativa no consideraron necesario.

Ganancias compartidas

La energética es la principal pieza de una serie de reformas promovidas por el presidente Peña Nieto en su primer año de gobierno en áreas desde la educación y el sistema fiscal hasta las telecomunicaciones.

Sin embargo, la reforma aprobada va más allá de la que originalmente propuso el mandatario, al establecer mayores modalidades en las que la iniciativa privada puede participar en la industria petrolera.

La iniciativa original del gobierno sólo consideraba contratos para compartir ganancias, según cita AP.

"Queremos que proceda la consulta popular en este tema", dijo el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el principal grupo de izquierda del país desde el salón de sesiones tomado.

"¡La patria no se vende, la patria se defiende!" y "¡Peña, entiende, la patria no se vende!", eran algunas de las consignas que los legisladores gritaban.

Símbolo de soberanía

En caso de su aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma aún debe recibir el aval de 17 de los 31 estados, por tratarse de modificaciones constitucionales.

"Esta reforma permitirá a México aprovechar mejor sus recursos para crecer económicamente y crear empleos durante los siguientes años", señaló un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del presidente Peña Nieto luego de la aprobación en la cámara alta.

La reforma admite contratos para compartir ganancias y producción, además de licencias mediante las cuales las empresas pagarán regalías e impuestos al gobierno por el derecho de explorar y extraer.

La industria petrolera fue nacionalizada en 1938 y desde entonces para muchos mexicanos es un símbolo de soberanía.

La reforma plantea que Pemex sea un competidor, aunque con ciertas preferencias, como por ejemplo ser la primera empresa en elegir los campos en que participará.

Propiedad de la Nación

La propuesta permite reportar a las empresas privadas, para efectos contables y financieros, la asignación o contrato correspondiente y los beneficios esperados, "siempre y cuando afirme que el petróleo y sus derivados, sólidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo son propiedad de la Nación".

Las concesiones, uno de los mecanismos considerados más liberales para las compañías privadas, continuarán prohibidas en el país.

Los contratos se celebrarían directamente con el Estado en lugar de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual será un competidor más.

Un ajuste hecho de último momento durante la discusión en el pleno del Senado fue quitar la participación del poderoso sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex, con lo cual quedará disminuido el poder de un organismo que ha sido criticado por su opacidad.

Una excepción en el mundo

La industria petrolera ha enfrentado diversos problemas en materia de producción al declinar el hidrocarburo existente en los yacimientos de más fácil acceso.

La producción de crudo en México tuvo en 2004 su mayor pico con la obtención de unos 3.4 millones de barriles diarios en promedio. A partir de 2005 comenzó a descender y actualmente se ubica en unos 2.5 millones de barriles al día.

"Sin duda es un avance histórico que nuestro país rompa con un marcado discurso antiempresarial que por años le había impedido a la iniciativa privada colaborar en el proceso de exploración y explotación de hidrocarburos", señaló en un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana.

"Más allá de ideologías o dogmas la realidad es una: somos una excepción en el mundo y por ello hemos perdido terreno", añadió el principal organismo patronal.

La reforma establece también la creación del llamado Fondo Mexicano del Petróleo, administrado por un fideicomiso encabezado por el banco central y que manejará la riqueza generada por la renta petrolera.

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