Agencia
Guatemala.- La captura de un hombre al que se le aseguraron pasaportes falsos para Javier Duarte y su esposa Karime Macías Tubillas, así como 7 mil 500 dólares, en Tapachula, Chiapas, en noviembre del año pasado, le dio la pista a las autoridades de que el exgobernador se encontraba en Guatemala.

El titular de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Harfuch, explicó que tras la captura de ese hombre determinaron diferentes líneas de investigación de la estancia en el país centroamericano de diversas personas que estaban ayudando al expriista, de acuerdo con información del portal de Milenio Noticias.

También te puede interesar: 'Javier Duarte ya está en prisión, lo logramos': Miguel Ángel Yunes

Por ello, dijo, elementos de la corporación se trasladaron a Guatemala para determinar la posible ubicación del exgobernador. Durante las labores, se localizaron diversas propiedades en Alto Valle y Antigua, en ese país, en los que se realizó vigilancia y monitoreo permanente.

García Harfuch indicó que también identificaron diversas aerolíneas que brindaron servicios privados en la región para el traslado de Duarte de Ochoa. Tras seis meses de permanecer prófugo, Javier Duarte fue detenido ayer por la noche en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá, en Guatemala.

La Policía Nacional Civil de esa nación, que localizó al exmandatario de Veracruz en el hotel La Riviera de Atitlán, cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición.

Se presume que el político ingresó vía terrestre al país donde fue capturado.

Las investigaciones 

Javier Duarte, quien desapareció en octubre después de pedir licencia al cargo, es investigado por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

Sin embargo, los señalamientos contra Duarte comenzaron antes de que rindiera protesta como gobernador de Veracruz. En 2010, fue acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Fue hasta 2016 cuando Migue Ángel Yunes Linares, gobernador electo de Veracruz, lo denunció ante la Fiscalía del Estado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias; posteriormente la Procuraduría General de la República atrajo la investigación y sumó nuevas indagatorias.

La PGR ofrecía 15 millones de pesos a quien diera información sobre su paradero.