Agencias
DALLAS, Texas, EU.- El mexicano Ramiro Hernández Llanas será ejecutado en Texas el próximo 9 de abril, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó hoy revisar una apelación interpuesta por sus abogados.

La Suprema Corte allanó el camino para que Hernández Llanas se convierta en el décimo mexicano en recibir la pena de muerte en Estados Unidos desde que este país reactivo la aplicación del castigo capital en 1976.

El equipo de defensa del mexicano solicitó al máximo tribunal del país revisar el caso al argumentar que Hernández Llanas padece de sus facultades mentales, lo que lo haría inelegible para la aplicación del castigo capital.

Los abogados defensores argumentaron que su coeficiente intelectual es menor a 70 puntos, lo que lo coloca como un discapacitado mental inelegible para la pena de muerte.

La defensa también sostuvo en la apelación que su cliente no recibió una defensa legal apropiada durante el juicio en su contra por el asesinato de Glen Lich, un ranchero del Condado de Kerr, al noroeste de San Antonio, el 15 de octubre de 1997.

Hernández Llanas, de 44 años de edad, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, trabajaba para Lich como ayudante cuando irrumpió en la casa del ranchero de 49 años de edad y lo mató con una barra de hierro.

Según el reporte de la policía que investigó el homicidio, Hernández atacó luego a la esposa de Lich y la violó.

El crimen despertó la indignación de los residentes del Condado de Kerr, un área rural escasamente poblada, de forma que los abogados defensores de Hernández promovieron que su juicio fuera trasladado a otra jurisdicción para que se pudiera escoger a un jurado que no estuviera influenciado por el incidente.

El proceso contra Hernández Llanas fue trasladado al condado de Bandera, donde en el año 2000 un jurado lo declaró culpable de homicidio capital y lo sentenció a la pena de muerte.

Los miembros del jurado deliberaron sólo cinco minutos para determinar que debía ser sentenciado al castigo capital.

Hernández Llanas es otro de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos que están amparados por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordena a Estados Unidos revisar todos esos casos pues en sus detenciones y juicios se violaron sus garantías como ciudadanos extranjeros.

El mexicano recibió la fecha de ejecución en enero pasado tras haber agotado sus recursos ante las cortes federales y estatales.

Ahora solo le resta como opción apelar a que la Junta de Perdones y Libertades de Texas emita una recomendación al gobernador Rick Perry para que se posponga su ejecución.

La junta sólo ha emitido en los últimos 15 años un par de recomendaciones de posposición de ejecuciones.

Se queja el Gobierno mexicano

En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores (canciller) José Antonio Meade envío una carta al Consejo de Seguridad de la ONU en la que denunció que Estados Unidos viola fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los mexicanos condenados a pena de muerte en su territorio.

En la misiva, Meade indicó que el Gobierno de México “desea hacer del conocimiento del Consejo de Seguridad la apremiante y grave situación que dicho incumplimiento representa, y se reserva el derecho que le asiste conforme al párrafo 2 del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas”.

El secretario de Relaciones Exteriores de México hizo referencia a que un Estado puede recurrir al Consejo de Seguridad para que, si éste lo cree necesario, emita recomendaciones o dicte medidas con objeto de que se lleve a efecto la ejecución de un fallo que ha sido incumplido por una de las partes.

La misiva, fechada el pasado 20 de marzo y dirigida a la presidenta mensual del Consejo de Seguridad, la representante permanente de Luxemburgo ante la ONU, Sylvie Lucas, fue difundida este lunes entre sus 15 integrantes.

Meade Kuribreña aseveró que el gobierno de México está “indignado por la ejecución de mexicanos en contravención a lo ordenado por la CIJ, y preocupado por el efecto negativo de esta situación en el régimen internacional de asistencia y protección consular”.

La sentencia de la CIJ, dictada el 31 de diciembre de 2004, se refiere al llamado “Caso Avena”, relacionado con el proceso penal de 51 mexicanos condenados a pena de muerte, cuyo derecho a notificación y asistencia consular no fue respetado, lo que contraviene el debido proceso internacional.

La CIJ impuso entonces a Estados Unidos la obligación de proporcionar, a través de los medios de su propia elección, la revisión y reconsideración de los veredictos de culpabilidad y de las sentencias de los mexicanos contenidos en el fallo.

En la carta, el Gobierno de México apuntó que Estados Unidos no sólo ha incumplido el “fallo Avena”, sino que ya ha ejecutado en el estado de Texas a tres de los 51 mexicanos condenados a pena de muerte, sin que sus casos hayan sido revisados o reconsiderados.

Los mexicanos ejecutados son José Ernesto Medellín Rojas (2008), Humberto Leal García (2011) y Edgar Tamayo Arias (2014). Obviamente, la 'queja' no incluye a Ramiro Hernández Llanas.

Asimismo, Estados Unidos violó otro fallo, de julio de 2008, en que la CIJ dispuso que este país adoptara “todas las medidas necesarias” para asegurar que los mexicanos condenados a muerte en territorio estadounidense no fueran ejecutados hasta que sus casos fueran revisados y reconsiderados.

“Estos actos han causado un daño adicional a los derechos de México al amparo de la citada sentencia”, de acuerdo con la carta de referencia.

El gobierno de México agradeció los esfuerzos de los presidentes George W. Bush y Barack Obama, así como de algunos miembros del Congreso, de cumplir con los fallos dictados por la CIJ.

“Sin embargo, a 10 años de que la CIJ emitiera su decisión, el cumplimiento de ésta continúa pendiente”, enfatizó Meade.

(Con información de Notimex)