Ejército y PF, libres de culpa en el caso Iguala

De acuerdo con los expertos del GIEI, ocho sobrevivientes del ataque deslindaron a los militares y agentes federales de la agresión que sufrieron.

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Desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa se han realizado diversas protestas para que se aclaré que pasó con ellos. (Archivo/Agencias)
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Rubén Mosso/Olinka Valdez/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comprobó que no hay nada que vincule al Ejército y mucho menos a la Policía Federal con los sucesos del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, que derivaron en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

El 17 de julio de 2015, los integrantes del GIEI fueron testigos de la toma de declaración de ocho estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayoztinapa, que sobrevivieron al ataque de los policías municipales de Iguala y del grupo criminal Guerreros Unidos, normalistas que se habían negado a declarar ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En la diligencia ministerial, los testigos estuvieron asistidos por personal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

La audiencia corrió a cargo del agente del Ministerio Público Federal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido).

En total declararon nueve normalistas, sólo que uno de ellos amplió su declaración y reiteró que los militares solo llegaron a la clínica donde fueron atendidos algunos jóvenes.

El resto lo hizo por primera vez y ni uno de ellos acusó a los militares o a policías federales de estar involucrados en el ataque del 26.

En  julio de 2015, los integrantes del GIEI fueron testigos de la toma de declaración de ocho estudiantes de Ayoztinapa, que sobrevivieron al ataque de los policías municipales de Iguala

El GIEI, que coadyuva en la pesquisa que está en manos de la PGR, ha insistido en entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Infantería en Iguala, situación a la que se ha opuesto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque su personal ya declaró y amplió su declaración en la PGR.

Las declaraciones de los normalistas pueden ser consultadas en la versión pública del expediente del caso Iguala.

Los nueve testigos, con identidad reservada, coincidieron en que entre las 3 y 5:30 de la tarde del 26 de septiembre, 80 estudiantes salieron de la Normal de Ayotzinapa rumbo a Chilpancingo, a bordo de dos autobuses Estrella de Oro, que habían “tomado tiempo atrás” de manera no violenta con el propósito de botear para obtener recursos y asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Indicaron que se dividieron en dos grupos de 40 personas, aproximadamente, y al llegar al cruce de Huitzuco, un grupo de alrededor de 15 estudiantes tomó un camión de la línea Costa Line que se dirigía a la central camionera de Iguala.

Dijeron que fueron encerrados en el camión y se comunicaron con sus compañeros para que fueran a rescatarlos.

Al salir de la central, cuando intentaban salir de la ciudad, enfilaron al Zócalo de Iguala cuando un número no determinado de patrullas les cerró el paso. Algunos hablan hasta de 30 policías municipales de Iguala que primero dispararon al aire y luego los atacaron.

Uno de los testigos manifestó que una ambulancia llevó a un joven herido al hospital, donde primero no querían recibirlo y luego los escondieron, cuando llegó personal vestido de militar. Otro joven sufrió un ataque respiratorio y los municipales se lo llevaron.

Un grupo de estudiantes bajó para intentar mover una patrulla que obstruía el paso y siguieron los disparos. Otro grupo echó a correr en distintas direcciones. Algunos fueron al cerro y otros lograron esconderse en una casa. El resto fue bajado de manera violenta por los policías municipales de Iguala, que primero los acostó en el pavimento para después subirlos a las patrullas. Los sobrevivientes hablan de entre 20 y 25 jóvenes.

A medianoche, mencionaron los sobrevivientes, llegaron algunos reporteros y también una camioneta Ram color roja, de la que bajaron personas con armas largas y comenzaron a disparar. La refriega duró al menos 15 minutos.

Los testigos comentaron que el 27 de septiembre se reagruparon en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, donde rindieron sus declaraciones y pidieron que los dejaran ver los separos para saber dónde estaban sus compañeros.

Uno de los declarantes afirmó que llegó al lugar después de medianoche, luego de recibir una llamada de sus compañeros. Destacó que tuvieron problemas para ingresar a la ciudad porque estaba cercada y se detuvieron a cenar.

El día 27 supieron por el Ministerio Público que a tres cuadras encontraron el cadáver de un estudiante con huellas de tortura, sin ojos y desollado. Se referían a Julio César Mondragón.

Testimonios

El declarante 1 manifestó que cuando salieron de la central eran tres autobuses, dos de la línea Costa Line y uno de Estrella de Oro. Cuatro patrullas los seguían. Abundó que una les cerró el paso pasando el Zócalo y junto con ocho compañeros bajó del camión. Los policías empezaron a disparar al aire y el estudiante echó a correr con otros compañeros.

Agregó que los normalistas bajaron de los camiones y comenzaron a tomar piedras para defenderse; los camiones siguieron avanzando y los policías dispararon al camión Estrella de Oro.

Los policías dispararon a la llanta del autobús, el cual pese a todo continuó su marcha y antes de llegar a Periférico Norte se detuvo porque habían bloqueado el paso de los dos autobuses Costa Line.

El testigo aseguró que se bajó del camión con un extinguidor y fue herido por los policías; relató que un normalista, hoy desaparecido, le colocó un paliacate para detener la sangre.

Eran casi las 10 horas cuando los policías bajaron al chofer y comenzaron a golpearlo.

Los normalistas comenzaron a bajar y los policías los llevaron a la banqueta. Recuerda a El Botas (Alberto Hernández Martínez), El Cochiloco (Bernardo Flores Alcaraz), Benito, Chuquito y Comander.

Eran 28 jóvenes y ya había 15 o 20 patrullas. El declarante 1e preguntó a un policía: “¿Qué van a hacer con nosotros?” Y el uniformado respondió: “Hijo de tu puta madre, no saben con quién se metieron”.

Después llegó una ambulancia y el policía le ordenó que subiera; antes le quitó su teléfono y desde la ambulancia vio que estaban subiendo a los estudiantes en las camionetas. Lo llevaron al Hospital General de Iguala, donde dio un nombre falso, por temor.

El estudiante dijo que cuando se identificó como normalista frente al médico, éste comentó que mejor lo hubieran matado. Una enfermera lo revisó. A las 4 de la mañana llegaron tres policías municipales preguntando por alguien de la escuela de Ayotzinapa, pero la enfermera le ayudó al declarante, ya que ella dijo que no había nadie, porque se habían ido.

A las 12 y media de la noche, aproximandamente, encontró a otro compañero en el mismo hospital, hinchado del rostro. El declarante fue operado; lleva cuatro cirugías y está en rehabilitación.

El declarante 2 aseguró que esa fue la primera vez que fue a Iguala; logró identificar a César Vana González como el policía municipal que se llevó al joven que sufrió un ataque respiratorio en la patrulla 302.

Mencionó que cuando los policías se fueron, los sobrevivientes empezaron a realizar llamadas a sus compañeros. Refirió que encontraron la credencial ensangrentada de Bernardo Flores en el autobús Estrella de Oro y ellos mismos empezaron a tomar fotos y a marcar los casquillos de bala que encontraron, porque mientras les disparaban algunos policías manipulaban evidencia.

Antecedentes

La semana pasada, el gobierno mexicano comunicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no se solicitará una nueva prórroga para la permanencia del GIEI en el país.

En respuesta, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, señaló que le corresponde a la comisión decidir sobre la renovación del mandato del GIEI en México, tal como lo establece el punto 10 del acuerdo suscrito en noviembre de 2014, por lo que "estudian" y "evalúan" el asunto.

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