Agencias
MÉXICO, D.F.- El equipo de transición del entonces candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto erogó 20 millones de pesos en la contratación de 163 asesores y en lo concerniente a recursos materiales y servicios generales.

Así lo reveló la Cuenta Pública 2012 realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se establece que la Secretaría de Hacienda destinó en total 150 mdp para este fin, que fueron entregados por Banjército.

Los recursos fueron utilizados para útiles y material de oficina; gasolina, viáticos, pasajes y peajes; gastos de alimentación, comunicación social, eventos de comunicación y difusión; mensajería, servicios generales y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, informa Milenio.

Los principales gastos fueron para la conformación del cuerpo de asesores del presidente electo, quienes no tenían el carácter de ejecutores de gasto.

El equipo de Peña tuvo la “necesidad de contratar a un despacho particular para auditar los estados financieros del fideicomiso, lo que originó otro pago de 56 mil pesos, erogaciones ajenas a los gastos derivados de los trabajos desempeñados por los asesores”.

Remanentes

La ASF refiere que los remanentes por 131 millones de pesos no fueron registrados como un reintegro al PEF 2012, sino que fueron entregados a la Tesorería de la Federación para su registro en la Ley de Ingresos de la Federación como un Aprovechamiento por Recuperaciones de Capital, con carácter de ingreso excedente.

El gasto total destinado al rubro de Servicios Personales ascendió a 8 millones de pesos, equivalentes a 39.7% del total de erogaciones. 

El equipo de asesores que apoyó al Presidente electo estuvo conformado por 163 ciudadanos que fueron contratados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada bajo la figura de contratos de prestación de servicios personales, sin que hubiera relación contractual o laboral.

“Los servicios que proporcionaron los ciudadanos contratados consistieron, entre otros, en tareas de consultoría, asesoría y estudios e investigaciones, que podían prestarse de forma verbal o por escrito, según correspondiera, de acuerdo con las necesidades de los trabajos de apoyo que se brindaron”, refiere. 

Equipo de cirugía

El informe de la Auditoría Superior también revela que el Estado Mayor Presidencial (EMP) adquirió un Sistema Integrado de Cirugía EndoAlpha que representó un sobreprecio de hasta 255 por ciento, representando un daño al erario de más de 19 millones de pesos.

Así lo reveló la Cuenta Pública 2012 hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detalló que el equipo fue comprado sin licitación pública y sin reparar en los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez en los que se fundan en la ley.

El EMP ejerció 45 millones 369 mil pesos en el equipo médico y desde el dictamen técnico, de fecha 25 de abril de 2012, no se contiene la información de los plazos, condiciones de entrega y forma de pago; además, en el mismo no se encuentran debidamente acreditados los criterios de economía.

Con ello se pasó por alto el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público expedido por la Secretaría de la Función Pública, que señala que para acreditar el criterio de economía, “la dependencia o entidad demostrará el ahorro de recursos cuantificado en dinero que se estima obtener al llevar a cabo la contratación a través del procedimiento de adjudicación directa, en comparación con la realización de una licitación pública”.

En cuanto al criterio de eficacia, se indicó que derivado de la necesidad de contar con todos los elementos para el buen funcionamiento del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial, se tomó en consideración que, además de que los precios sean los mejores del mercado, se tenga la disponibilidad de los bienes requeridos en el menor tiempo posible para poder contar con el equipo médico necesario y en óptimas condiciones y por ende proporcionar un mejor servicio en ese nosocomio.

Por lo mencionado anteriormente, no se considera un argumento relacionado con el criterio de beneficio de la economía nacional y no se proporcionaron los oficios mediante los cuales se solicitaron las cotizaciones a las empresas participantes en el estudio de mercado.