Esperan en México a 'La Reina del Pacífico'... para aprehenderla

Está acusada de comprar dos seguros, con recursos de supuesta procedencia ilícita.

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Sandra Ávila Beltrán volverá a prisión pues aún enfrenta un juicio por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. (Milenio)
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Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, volverá a prisión una vez que regrese al país, pues aún enfrenta un juicio por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Jorge Alfonso Espino Santillán, abogado de la mujer, dijo que esa causa penal se desahoga en el juzgado séptimo de distrito de Jalisco, proceso que se encuentra en el cierre de instrucción, por lo que en breve se dictará sentencia.

En entrevista con MILENIO, indicó que tras conocer la noticia de la liberación de Ávila Beltrán en Estados Unidos tramitó un amparo para que su clienta no sea ingresada al penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, donde permaneció varios años.

Explicó que su cliente ya fue exonerada del delito de delincuencia organizada, por lo que no hay razón para que sea ingresada a la prisión federal, sino a una cárcel estatal, mientras espera el fallo de este juicio.

Mencionó que antes de la extradición de su cliente a Estados Unidos, la Procuraduría General de la República (PGR) fincó un nuevo cargo por el supuesto delito de lavado de dinero.

Según la PGR, Ávila Beltrán aportó dinero ilícito para dos seguros de vida, los cuales suman una cantidad aproximada de 4 millones de pesos cada uno.

Destacó que también exigirán a la Procuraduría General de la República (PGR) la devolución de seis inmuebles, tres de ellos en el Distrito Federal, dos en Sonora y uno en Jalisco, de los cuales se ha demostrado su legal origen.

Espino Santillán comentó que en febrero de este año solicitaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) la devolución de tres inmuebles de la delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal.

Mediante un escrito pidieron que se reintegre a su apoderada la posesión física y jurídica de los inmuebles ubicados en calle Puente Cuadritos, manzana 24, lote 42. El número exterior es 18, pero los interiores 35, 5 y 6, colonia San Nicolás Totolapan, delegación Magdalena Contreras. Asimismo, dos propiedades en Sonora y otra en Jalisco.

Ante la falta de respuesta de la PGR para devolver las propiedades, interpusieron dos juicios de amparo, uno por violaciones al artículo 17 constitucional y otros por agravios contra el artículo octavo.

Ambo preceptos están relacionados con el capítulo 1 de derechos humanos y sus garantías, donde se menciona que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito.

En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Juicio en EU

La semana pasada autoridades ministeriales aseguraron que hasta el momento la PGR no tenía alguna investigación u orden de aprehensión por cumplimentar contra Sandra Ávila Beltrán.

Al conocer la sentencia de 70 meses de prisión que un juez de Miami, Florida, dictó contra la mexicana y de su inminente liberación por el tiempo que pasó en prisión en el país y en Estados Unidos, autoridades ministeriales subrayaron que la mujer iba a recuperar sus derechos políticos.

En el pasado sexenio la PGR no pudo demostrar que Ávila Beltrán tenía vínculos con el capo Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, y menos que fuera la encargada de recibir los embarques de cocaína que llegaban a México, por lo que fue exonerada por un juez federal por dicho delito.

Sin embargo, la dependencia federal encontró una pistola en uno de sus domicilios de Jalisco, motivo por el cual consignó un nuevo expediente en su contra, obteniendo una sentencia condenatoria de un año de prisión, el cual cumplió cuando La reina del Pacífico emprendió otro juicio para evitar ser extraditada a Estados Unidos.

Origen del caso

A Sanda Ávila Beltrán se le empezó a investigar por una llamada telefónica que realizó en 2001 uno de los tripulantes del buque Macel, navío que transportaba 10 toneladas de cocaína.

De acuerdo con las autoridades federales, la persona que contestó esa llamada fue una persona cuyo apellido era precisamente “Beltrán” en Manzanillo, Colima.

No obstante, el seguimiento contra Ávila Beltrán se intensificó por su relación con el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre. Entonces empezaron a ser descubiertas diversas propiedades con su nombre.

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