Agencias
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al grupo criminal Los Rojos y la intervención que pudo tener en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que está punto de detener a algunos de sus integrantes.

Jesús Murillo, titular de la PGR, dijo que hay una indagatoria en curso que les ha permitido identificar a los miembros de esa organización.

En entrevista con Carlos Marín en El asalto a la razón, que se transmite por MILENIO Televisión, y que este miércoles difundió la primera de dos partes de la conversación, al procurador se le cuestionó por qué solo han detenido a delincuentes de Guerreros Unidos y no de Los Rojos.

Murillo respondió: "Estamos en esa investigación, estamos a punto de detener".

En las declaraciones ministeriales de Felipe Rodríguez, El Cepillo, relató que entre los normalistas había infiltrados de Los Rojos, ya que así lo confesó uno de los estudiantes, cuando estaba a punto de ser ejecutado en Cocula.

El procurador dijo que en la muerte de los estudiantes se conjugaron dos móviles: uno el interés político del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, de evitar que los jóvenes cometieran desmanes en la alcaldía, como ocurrió en meses pasados.

Mientras que Guerreros Unidos creyeron que los normalistas estaban ligados con Los Rojos. "Y entonces se combinan las dos cosas, esto es lo que se deduce de las declaraciones de los grupos (de expolicías, sicarios y exfuncionarios) a quienes se interroga", explicó.

Subrayó que la confesión de los delincuentes está sustentada con dictámenes periciales y testigos. "Aquí sobra el sustento. Están desaparecidos, fueron detenidos por policías", los uniformados los entregaron a Guerreros Unidos y los llevaron a un basurero. "Ahí los mataron" y sus restos los echaron al río San Juan.

El funcionario reconoció al Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual ha trabajado con mucha responsabilidad, y puntualizó que también se solicitó la participación de expertos en distintas especialidades para llegar a "la verdad histórica de los hechos".

Mencionó que va acusar de desaparición forzada a los policías que participaron en el asunto, a José Luis Abarca, así como a todos aquellos funcionarios que hayan tenido que ver con el asunto.

Dejó claro que por el momento los ha responsabilizado por el delito de secuestro agravado que se castiga con 140 años de prisión para garantizar que no haya impunidad.