Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- En apenas un par de semanas, la vida del diputado Saúl Beltrán se ha convertido en una pesadilla de la que parece difícil escapar. Exalcalde de un pequeño municipio de de Guerrero, Beltrán afronta un doble proceso por homicidio. Su amistad, cercanía o compadrazgo con un delincuente local conocido como El Tequilero complica aún más su situación.

La historia de Beltrán es la del propio Estado, una región empobrecida, víctima de la violencia y la inseguridad. Hace algo más de dos años, el mundo descubría que una red de autoridades y policías corruptos, delincuentes organizados y una falta absoluta de control se tragaba la vida de una cuarentena de estudiantes en la ciudad de Iguala. No han vuelto a aparecer. 

A una escala distinta, el caso del diputado Beltrán, que fue alcalde de San Miguel Totolapan, un pequeño municipio del interior del Estado, muestra de nuevo la podredumbre del sistema en el México rural.

Todo se precipitó hace unos días. Televisa, la cadena de televisión más grande del país, divulgaba el video del bautizo de un hijo de Raybel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero. En él aparece Beltrán cuando era alcalde, compartiendo con vecinos de Totolapan y con el propio Tequilero. Beltrán ofició además de padrino del niño.

El hecho en sí no tendría mayor importancia si no fuera porque El Tequilero es el presunto autor de varios secuestros masivos, perpetrados en la región en el último año y medio. El clima de inseguridad y violencia en la zona llegó a tal punto que los vecinos de Totolapan se levantaron en armas. Tras el último secuestro retuvieron a la madre de El Tequilero y no la dejaron marchar hasta que soltaron al secuestrado.

El vídeo del bautizo agarró a Beltrán a contramano. El diputado había negado su relación con El Tequilero, pero al final no le quedó más remedio que admitir su relación.

Esta misma semana trascendía además que la justicia estatal había ordenado su detención por ordenar el asesinato de dos personas en sus días como alcalde. Se trata del párroco Ascensión Acuña y del funcionario municipal José Ceferino Vergara. El primero murió en septiembre de 2014. Las autoridades encontraron su cuerpo flotando en el río. El segundo habría muerto por atestiguar cómo se habían llevado al primero.

“Lo de Beltrán lo sabían todos”, explicaba a El País el pasado jueves un integrante del Movimiento Totolapense por la Paz, la organización vecinal que surgió en el municipio para enfrentar la inseguridad. 

“Ha ido a las confirmaciones, a los bautizos, a las bodas de todos”, decía en referencia al grupo de sicarios que trabaja con El Tequilero. 

El vecino de San Miguel prefiere ocultar su nombre por seguridad, pero cuenta que los asesinatos de Acuña Vergara no eran los únicos que ordenó el antiguo alcalde. “Te puedo decir varios ahora: una profesora que le dijo en la cara que no quería que apadrinase la graduación de la clase de su hija en la escuela; una trabajadora de él que le vendió una casa y que la desapareció; el expresidente municipal Miguel Jaimes”… y así un unos cuantos más.

Evidentemente, los casos que menciona no pasan de rumores de pueblo. La Fiscalía General del Estado no investiga nada más de momento. El vocero de las fuerzas públicas federales destinadas al estado, Roberto Álvarez, decía el viernes que “estamos determinados a romper las redes de complicidad entre servidores públicos y delincuentes en Guerrero”. 

Álvarez no tiene duda de que el eslabón más débil de la cadena de institucionalidad en la región yace en los ayuntamientos. “Tenemos que reconstruir las instituciones, porque ahora mismo Guerrero es un estado pobre con instituciones pobres”.

El camino a la detención de Beltrán resulta en todo caso medio complicado. Como es diputado estatal, goza de inmunidad. El congreso del Estado deberá decidir si revoca sus privilegios, proceso que podría demorarse varias semanas. El vocero Álvarez ha sido muy contundente al expresar que la fiscalía estatal es responsable de que Beltrán “pueda ser detenido cuando se le quite la impunidad”.