Agencias
MÉXICO, D.F.- México no tiene ninguna intención de extraditar a Estados Unidos al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue detenido el 22 de febrero del año pasado y está encarcelado en una prisión de máxima seguridad desde entonces, aseguró Jesús Murillo Karam, procurador general de la República.

En entrevista con The Associated Press, Murillo dijo que estaba previsto que el martes llegara a sus oficinas la petición formal de extradición por parte de Washington, pero subrayó que no tenía ninguna intención de concederla.

"Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga. El Chapo se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300-400 años después, falta mucho", aseguró.

El procurador dijo que Guzmán Loera ya les aportó "toda la capacidad de investigación" que necesitaban y que extraditarlo a Estados Unidos ahorraría muchos costes al país, pero defendió su permanencia en México por una cuestión de soberanía hasta que concluyan todos los procesos en su contra.

Aclaró que el procedimiento de extradición es apropiado cuando existen cuestiones de seguridad que lo ameritan o por peligro de fuga, algo que, aseveró, "no existe", a pesar de que El Chapo ya se fugó en 2001 de otra prisión mexicana, también de máxima seguridad.

Tras su recaptura hace casi un año, hubo voces en Estados Unidos, incluidas las de congresistas, que solicitaron su extradición, pero la petición formal no se hizo entonces.

Enemigo público

Al menos siete cortes federales en Estados Unidos tienen procesos pendientes contra Guzmán. En Chicago se le etiquetó como "enemigo público número 1" antes de su detención, y entre las acusaciones en su contra están algunas en San Diego y Texas por dirigir operaciones de contrabando de cocaína.

Guzmán fue capturado en una operación comandada por la Marina Armada de México, apoyados por autoridades estadounidenses. El arresto se hizo en un condominio de Mazatlán, Sinaloa.

El capo está recluido en una prisión de máxima seguridad en el Estado de México, donde varios jueces le han iniciado procesos penales por delincuencia organizada y narcotráfico.

Tras su captura, cientos de personas realizaron marchas en su apoyo y contra su posible extradición en su estado natal de Sinaloa, algo que ha indignado a las autoridades y a sectores como la Iglesia católica.