Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- Con la orden de inmediata libertad de Noé Ramírez Mandujano, la Procuraduría General de la República solo ha obtenido sentencia condenatoria contra cinco de los 25 servidores públicos a los que acusó de tener nexos con el narcotráfico en la denominada Operación Limpieza.

Se trata de cinco militares que vendían información a los cárteles de Sinaloa y a los hermanos Beltrán Leyva, quienes fueron condenados a 29 años de prisión.

No obstante, en casi cinco años la institución fracasó en su intento por mantener en la cárcel a cuatro altos mandos durante el sexenio pasado (Víctor Garay Cadena, Javier Herrera Valles, Ricardo Gutiérrez Vargas y Rodolfo de la Guardia García), quienes obtuvieron sentencia absolutoria.

En tanto, en la presente administración se detuvo y arraigó a la ex agente Beatriz Elena Veramendi, quien por cuatro años trabajó en la embajada de Estados Unidos en México. Fue liberada por falta de elementos.

A las únicas personas que se concedió un trato especial y se prometió no enviar a la cárcel, a pesar de estar involucrados en diversos delitos, fue a quienes declararon contra todos los señalados en este asunto.

Ellos son: Roberto García García; Milton Carlos Cilia Pérez y Roberto López Nájera, con nombre clave Jennifer, quienes aceptaron ser testigos protegidos.

Hasta ahora, el único ex funcionario que continúa prófugo, desde 2008, es José Antonio Cueto López, quien presuntamente era el principal reclutador de servidores públicos para el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.