Agencias
MÉXICO, D.F.- Una llamada anónima fue la que llevó a la PGR a investigar en el basurero del municipio de Cocula, donde según la versión oficial los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados.

Una constancia ministerial incluida en el expediente del caso apunta que la llamada fue recibida a las 23:15 hora local del 26 de octubre de 2014 por una agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la unidad de investigación de secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

En la llamada, una persona "del sexo masculino" y de "aproximadamente 45 años" que no manifestó "por seguridad" ningún "dato sobre su identidad" aseguró que los estudiantes "ya estaban muertos" y que "sus restos los habían tirado en el lugar conocido como el basurero de Cocula", informa EFE.

Esto fue "todo lo que manifestó" tras colgar "de manera inmediata el auricular, sin que esta autoridad ministerial pudiera hacer preguntas al respecto", agrega el documento.

Después de recibir esta llamada, se llevó a cabo una orden de diligencias para averiguar la veracidad de lo declarado, por lo que un equipo de peritos oficiales y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) acudieron al lugar a recoger evidencias el 27 de octubre.

Un informe posterior de los peritos argentinos revela las irregularidades que tuvo la investigación sobre lo ocurrido. Peritos falsos y armados, contaminación de la posible escena del crimen y errores en las pruebas de ADN colman los expedientes.

Los peritos extranjeros alertaron ante el extitular de la Procuraduría General de la República de México, Jesús Murilo Karam, sobre las "graves fallas" que presentaba la pesquisa revelada el fin de semana, según publicó el portal Animal Político, citado por la agencia rusa RT. 

Esto fue en enero último y, desde entonces, ya dejaron su cargo este funcionario así como el responsable de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Jorge Hugo Ruiz Reynaud.

¿Cuáles son las irregularidades detectadas? En principio, las reveladas en los últimos días fueron tres:

Presencia de peritos falsos

A fines de enero, el EAAF reportó, a través de su coordinadora Mercedes Doretti, que había descubierto a dos policías infiltrados que se hacían pasar por peritos. Junto a ellos había otra persona que dijo ser policía ministerial y perito entomólogo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Lo que más sospechas despertó fue que el hombre portaba dos armas largas.

Supuestamente, su presencia estaba relacionada con que a la inspección prevista para el 22 de diciembre del año pasado en la zona conocida como La Carnicería, en Guerrero, se le sumaría una incursión al basurero de Cocula, donde los peritos entomológicos estudiarían los insectos.

Sin embargo, ante lo cuestionado que fue el nuevo cronograma, el viaje fue suspendido. Fue entonces que el EAAF pidió el registro de armas del equipo pericial y los antecedentes del supuesto entomólogo que las llevaba y descubrieron que "por error" había miembros de la Policía Federal Ministerial que habían "omitido identificarse". Es decir, los peritos eran cinco y no siete, como se indicó en un comienzo.

Escenario armado en el basurero

En otro oficio presentado el 29 de enero último, el EAAF cuestionó el procedimiento realizado el 15 de noviembre pasado en el basurero de Cocula, supuesta "escena del crimen", del que no participaron los peritos independientes. En ese marco, se obtuvieron 41 cartuchos calibre 22 que habían sido puestos de manera deliberada debajo de una piedra.

Por eso, al cuestionar la "falta de custodia en el basurero", los peritos pusieron en duda la "integridad de las muestras recolectadas". En respuesta, la PGR señaló que la vigilancia era "intermitente", continuó el portal, ya que "no se lo podía tener cerrado porque era un bien público".

Muestras erróneas de ADN

El último punto destacado por los informes refiere a las muestras de ADN enviadas para su estudio a Innsbruck (Austria). Según el EAAF, la PGR cometió errores en el registro de al menos 22 de las 134 muestras.

"El total de perfiles genéticos afectados por diferencias es de 22 sobre 134 y el total de familias afectadas por estas diferencias es de 16 sobre 42", concluyó el equipo de forenses.

Las fallas están comprobadas, aunque los expedientes hechos públicos por la PGR no permiten determinar si el organismo ya corrigió esas deficiencias.

Gobierno acelera la investigación

A fines del mes pasado, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, intentó dinamizar la pesquisa al ordenar la creación de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. El anuncio, según publicó el portal Excelsior, fue realizado tras una reunión que mantuvo el mandatario con los padres de los 43 estudiantes.

"La investigación sigue abierta, no habrá carpetazo", aseguró el presidente.

La creación del nuevo organismo no fue la única medida tomada con la intención de agilizar la causa. También se ordenó investigar todos los hallazgos, incorporar las recomendaciones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, averiguar qué pasó con cada uno de los estudiantes y asegurar la atención a las víctimas.

Sin embargo, los padres de los jóvenes rechazaron la creación de la fiscalía y reclamaron que se formara una que se ocupara de manera específica de su caso.