Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D .F.- Estados Unidos se sumó a la búsqueda de Joaquín El Chapo Guzmán y comenzó a intercambiar información con el gobierno de México, con quien acordó acciones para recapturar al líder del cártel de Sinaloa.

Funcionarios del gobierno federal revelaron que autoridades del Federal Bureau of Investigation (FBI) y de la Drug Enforcement Administration (DEA) ofrecieron apoyo para ubicar al narcotraficante fugado el sábado pasado, ayuda que fue aceptada por su contraparte mexicana, con quien acordaron emprender acciones y trazar una estrategia para reaprehender al criminal.

Autoridades mexicanas y estadunidenses se reunieron ayer en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). El encuentro estuvo presidido por Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la institución.

Los funcionarios señalaron que durante el encuentro, las autoridades mexicanas compartieron información a detalle de la forma en que el capo sinaloense logró escapar del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Mientras tanto, la PGR determinó retener a 22 de 34 trabajadores del centro penitenciario, entre ellos a Valentín Cárdenas Lerma, debido a que surgieron elementos que presuntamente los relacionan con la fuga de El Chapo Guzmán.

Por ese motivo, el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) amplió por 48 horas más el término constitucional para continuar interrogando a los 22 servidores públicos.

Al mismo tiempo, 12 empleados más del centro penitenciario recobraron su libertad bajo las reservas de ley.

Citarán a cesados

Los funcionarios mencionaron que la PGR prepara citatorios para llamar a declarar a exfuncionarios penitenciarios, particularmente los que fueron cesados del cargo el pasado lunes por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Entre ellos destacan Juan Ignacio Hernández Mora, extitular del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y Celina Oseguera, ex coordinadora de los Centros Federales de Readaptación.

Los funcionarios consultados subrayaron que los ex servidores públicos tienen que declarar ante el agente del Ministerio Público Federal para determinar si tuvieron algún grado de responsabilidad en la fuga del líder del Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, los funcionarios no precisaron si los abogados del delincuente evadido continúan rindiendo declaración, luego de que se presentaron el pasado lunes en las instalaciones de la subprocuraduría.

Tampoco aclararon cuál es la situación ministerial de Calixto Estrada Castillo, dueño del predio donde se construyó el túnel que sirvió para la fuga de Guzmán Loera del penal de máxima seguridad.

Comentaron que la procuraduría general ya giró más citatorios, pero no puntualizaron quiénes son las personas que han sido requeridas por la Seido.

Desde el pasado lunes, la representación social de la Federación comenzó a preparar citatorios para que familiares del líder del cártel de Sinaloa acudan a declarar en calidad de testigos, entre ellos, la esposa del Chapo, Emma Coronel Aispuro.

Otro de los citatorios estará dirigido a la mujer que ingresó con documentación falsa al centro penitenciario en abril pasado y que se entrevistó con Joaquín Guzmán. Ella está identificada como diputada local del PAN en Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López; no obstante, la legisladora ha negado tener algún tipo de relación con el delincuente.

Oficializan recompensa

A partir de este martes, cualquier mexicano podrá cobrar 60 millones de pesos de pesos, siempre y cuando proporcione información veraz que permita la localización y captura de El Chapo Guzmán.

La Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se ofrece la gratificación, además de que estableció las reglas de cómo se realizará el pago.

En el acuerdo firmado por la titular de la PGR, Arely Gómez González, se dejó claro que los 60 millones de pesos no podrán ser cobrados por los servidores públicos que laboran en las áreas de Seguridad Pública, Administración de Justicia y Ejecución de Sanciones Penales.