Agencias
MÉXICO, D.F.- El pleno del IFAI aprobó dar vista al Órgano Interno de Control de la PGR para que se investigue y finquen responsabilidades a los funcionarios que no están respondiendo las solicitudes de los ciudadanos con apego a la Ley de Acceso a la Información.

En la sesión pública de este miércoles, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) reiteraron que algunos sujetos obligados no están atendiendo las solicitudes como debieran, indica Notimex.

Incluso, dijeron, recurren a la prórroga para finalmente dar una respuesta que, por lo deficiente, ofende a los particulares.

Al presentar su ponencia sobre la solicitud que un particular le hizo a la Procuraduría General de la República (PGR) para que le entregara la lista de los 122 delincuentes más buscados en México, el comisionado Joel Salas manifestó que la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía.

Manifestó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 57 por ciento de la población está preocupada por ese tema, y por ello se recurre a la PGR.

Lista más grande

Sin embargo, la procuraduría entregó al solicitante como respuesta una lista más grande en la que era imposible saber cuáles son los 122 delincuentes más buscados en México.

"Es necesario que la sociedad cuente con información veraz, clara y oportuna que le permita a la ciudadanía evaluar los resultados y estar en condiciones de exigir una rendición de cuentas oportuna", subrayó.

En otro caso, el comisionado Francisco Javier Acuña manifestó que un particular le solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) datos sobre el proyecto del puente de San Andrés, en Ecatepec, Estado de México.

La dependencia respondió que es un proyecto a realizarse en una extensión de 10 mil metros cuadrados, de los cuales cuatro mil son propiedad federal y seis mil propiedad privada, la cual tendrá una inversión de 136 millones de pesos, y le entregó cuatro planos al particular.

Respuesta satisfactoria

De igual forma, refirió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) exentó a este proyecto del estudio de impacto ambiental, y que los permisos, así como otros datos que requirió el interesado, están en trámite, por lo cual no podía darse la información.

Ante ello Acuña Llamas precisó que dicha solicitud se presentó en febrero, la SCT se fue a prórroga y con el recurso de revisión apenas ahora se resuelve modificar la respuesta para que se dé una respuesta satisfactoria.

"El caso es que han transcurrido 127 días naturales que separan a aquel día en que el ciudadano quiso saber qué monstruosidad o qué gran obra se iba a hacer ahí en su municipio, qué efectos iba a tener en el plano ambiental, qué ruta, qué fases iba a involucrar esa obra y, en consecuencia, con ello prevenir y tomar quizá otras acciones", subrayó.