Frontera sur, puerta abierta a la droga y la delincuencia

La zona es dominada por grupos criminales como los Zetas, el cártel del Golfo y pandilleros.

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En la frontera de México con Guatemala y Belice existen más de 700 cruces ilegales. En la imagen el río Suchiate, frontera natural con Guatemala y por la cual cruzan decenas de indocumentados diariamente. (Archivo/Agencias)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- La frontera sur, colindante con Guatemala y Belice, que mide mil 149 kilómetros, está totalmente desprotegida y registra al menos 704 cruces clandestinos que permiten el flujo de migrantes y droga.

Esta situación favorece la operación libre de las bandas criminales, alertaron expertos y autoridades, informa Ansa Latina.

A lo largo de la extensa franja, sólo hay 11 cruces formales con presencia de representantes de autoridades migratorias en ambos lados.

El extitular de la recién disuelta Coordinación para la Frontera Sur del gobierno federal, Humberto Mayans, admitió días atrás que esta porosa región del sur-sureste de México está dominada por "las grandes bandas de la delincuencia", entre las que mencionó a Zetas, el cártel del Golfo y las llamadas "Maras".

Marco Antonio Castillo, coordinador de la Asamblea Popular de Familias Migrantes, una ONG que defiende a indocumentados que traspasan sobre todo la línea fronteriza entre México y Guatemala, señala que por los 704 puntos informales de cruce se cuelan alrededor del 95% de los llamados "sin papeles".

Además, advierte que "se ha hecho mucho más complejo e inseguro el cruce" para los migrantes y eso los ha llevado a buscar "nuevas rutas en la franja fronteriza sur".

Este fenómeno "plantea nuevos dilemas a los migrantes centroamericanos para llegar a Estados Unidos y trae como consecuencia que "haya más gente varada en México", añadió.

Una simulación

El gobierno creó en junio de 2014 la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, para enfrentar los problemas en esta región, pero anunció el 5 de agosto pasado su desaparición.

Desde que entró en funciones, esta oficina fue cuestionada por defensores de los migrantes como el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca.

El religioso y activista consideró que en realidad el organismo "nunca existió, fue una simulación" y en la práctica fue parte de " un operativo policiaco vulgar y crudo contra los migrantes".

Los funcionarios a cargo de la coordinación "no desarrollaron nada, no favorecieron los derechos humanos, pero sí lograron resultados para su patrón, que es Estados Unidos", añadió Solalinde.

El sacerdote estimó que para el gobierno de México "hubiera sido más honesto ante el mundo, sellar la frontera sur y no dejar pasar a los migrantes que dejarlos pasar para extorsionarlos, convertirlos en mercancía y lucrar con ellos".

La idea de crear esta entidad fue llevar a cabo "un verdadero control ordenado del flujo migratorio" entre México y Centroamérica, según declaró el gobierno, que lo dio a conocer en medio de la crisis humanitaria derivada del aumento de niños migrantes no acompañados el año pasado.

Inclusive, el presidente Enrique Peña anunció su creación en un acto oficial junto con el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, al darse a conocer la Estrategia Integral de Atención a la Frontera Sur.

Como parte de este programa, se impidió el uso del tren de carga conocido como "La Bestia", para el traslado de indocumentados, porque provocaba la muerte o mutilación de algunos migrantes y abusos por parte de bandas de delincuentes.

Extrema vulnerabilidad

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe "Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México". 

El organismo se mostró preocupado por la "extrema vulnerabilidad de las personas migrantes en México, que conforman "una de las principales tragedias humanitarias en la región". El Relator sobre los derechos de los migrantes de la CIDH, Felipe González, denunció que "el mayor despliegue de fuerzas policiales y militares" en la frontera su "no disminuye la violencia".

La CIDH concluyó que la estrategia para la frontera sur se enmarca en "una política reactiva que dice regirse por principios de derechos humanos, mientras de facto prioriza el control y en la práctica implementa prácticas persecutorias, con o sin ley en la mano".

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