María Eugenia Jiménez/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- La CNDH recibió casi 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006 hasta julio del año pasado, de acuerdo con el informe anual sobre derechos humanos de la organización Human Rights Watch.

La organización indicó que más de dos mil quejas fueron interpuestas durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

La investigación determinó que hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares. 

Según el documento, México ha usado activamente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.

Durante el gobierno de Peña Nieto, elementos de fuerzas de seguridad han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, en el marco de acciones contra el crimen organizado, de acuerdo con el informe anual de la organización.

“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) inició la guerra contra el narcotráfico en México”, indicó.

Ejecuciones extrajudiciales

En 2014, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias señaló que en México “sigue produciéndose un número alarmante” de ejecuciones extrajudiciales por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, en un clima de impunidad “sistemática y endémica”.

En agosto de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que policías federales habían ejecutado arbitrariamente a 22 de 42 civiles que murieron en un enfrentamiento en 2015 en Tanhuato, estado de Michoacán.

De acuerdo con el informe, los policías mataron a 13 personas con disparos por la espalda, torturaron a dos detenidos y quemaron vivo a un hombre, y luego, para justificar las muertes, manipularon el lugar de los hechos corriendo cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas.

Desapariciones forzadas

Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada. 

En agosto de 2016, el gobierno informó que aún se desconocía el paradero de más de 27 mil personas reportadas como extraviadas desde 2006.

El gobierno federal ha impulsado dos iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados limitados y creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, en 2015 se convirtió en una Fiscalía Especial.

En abril, los responsables de la fiscalía informaron que presentaron cargos en cuatro de 830 de desapariciones que comenzaron a investigar.

En 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional que lo habilita a sancionar leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, mediante las cuales se establecería una definición única a nivel nacional para cada uno de los delitos y se facilitaría su juzgamiento en todo el país.

Con relación a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, solamente uno fue identificado entre los restos que el gobierno afirma que pertenecen a los estudiantes.

Y aunque hay más de 100 personas imputadas por su presunta participación en los secuestros y asesinatos, pero a la fecha de la redacción del presente informe, ninguna había sido condenada.

Tortura

La práctica de la tortura continúa, menciona que a pesar de que la Constitución establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura, algunos jueces continúan desestimando las denuncias sobre tortura y admiten como válidas confesiones obtenidas presuntamente bajo coacción.

El documento destaca que la aplicación ineficaz de la ley ha contribuido al surgimiento de grupos armados de autodefensa ciudadana en numerosas regiones del país.

En su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado mediante un acuerdo entre el gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que el 80 por ciento de los presuntos responsables detenidos en relación con el caso presentaban lesiones físicas probablemente causadas por maltratos y torturas.