Agencias
MÉXICO, D.F.- El general Rubén Pérez, quien fue liberado la madrugada de este viernes tras haber sido consignado por presuntos nexos con el cártel de “Los Beltrán Leyva” junto con otros militares en el sexenio de Felipe Calderón, sostuvo que su declaración fue hecha bajo amenazas.

“Mi detención fue el primero de agosto, había comparecido anteriormente en la SIEDO (ahora SEIDO) el día 3 de mayo del año pasado, yo no sabía a que se debía o por qué era yo citado. Suponía que era algún asunto por el cargo que había ocupado en la 22 Zona Militar, ya que también llevamos algunas actividades contra el narcotráfico, pensé que era algún caso de eso, ahí fue donde se me puso desde esa primera vez entre la espada y la pared”, detalló.

El militar señaló que al comparecer le pusieron "dos opciones en la mesa" las que debía aceptar. La primera "que había recibido una llamada de Roberto Dawe, pero yo desde el principio sabía que no había sido así. Tenía aproximadamente 20 años que no teníamos alguna comunicación”, según cita Milenio.

"Tuve que terminar con mi carrera y una serie de amenazas de las que fui objeto y, finalmente, tuve que hacer una declaración en la cual yo no aceptaba lo de la llamada pero sí que el General Dawe me pedía que aceptara a una persona del narcotráfico”. Sostuvo que nuca tuvo un careo con un testigo protegido de nombre Jennifer.

A la orden

Confirmó que continúa siendo un general en activo y que se pondrá inmediatamente a disposición del General Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa.

Por otro lado el general Rubén Pérez denunció lo vivido durante su estancia de 11 meses en el Penal del Altiplano, donde mencionó no haber recibido ropa interior en el lapso de un mes, enfatizando que se siente “agraviado por la villanía que se cometió en mi contra”.

Dijo que en la celda donde se encontraba no estaba solo, por la sobrepoblación que existe “llegaron más de 400 gentes al Altiplano” durante el tiempo que estuvo ahí.

Solicitó al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam que “investigue nuestro caso y que haya castigo para quienes intervinieron”, enfatizando que no recibió “ningún apoyo de la Sedena durante el gobierno pasado”.