Rubén Mosso/MELENIO
MÉXICO, D.F.- Los generales Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez decidieron seguir la estrategia legal que usó el exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare para recobrar su libertad, por lo que confían que su excarcelación se realice en los primeros días de junio próximo.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación informaron que el juez tercero de distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en el Estado de México, Raúl Valerio Ramírez, fue notificado por la defensa de los militares que se desisten de continuar con el desahogo de pruebas, para que se les dicte sentencia, según publica Milenio.

El personal del Poder Judicial explicó que aunque la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó declaraciones de testigos protegidos, como prueba contra ellos, los procesos penales contra los aún presos tienen matices distintos.

Y es que algunos de ellos declararon ante el juzgador que se les obligó firmar documentos en blanco que después se utilizaron para vincular al exsubsecretario con el crimen organizado o para inculparse ellos mismos.

El general Ricardo Escorcia Vargas declaró al juez federal de la causa que la Procuraduría General de la República lo obligó a firmar testimonios falsos, en los que aceptó haber participado en actividades ilícitas con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Los detenidos declararon ante el juzgador que se les obligó firmar documentos en blanco

Cuando quedó a disposición del mencionado juzgado, Escorcia manifestó que el personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que integró la averiguación previa en su contra, lo “obligó a estampar” su firma en declaraciones que nunca realizó.

Asimismo, hace unos día el general Rubén Pérez Ramírez dio a conocer, a través de su defensa, que fue obligado a firmar documentos para involucrar al general Tomás Ángeles y a otros militares.

Mientras que a Roberto Dawe se le acusó de “servir” de enlace con Rubén Pérez, comandante de la guarnición militar de Cancún, Quintana Roo, al que supuestamente se le ofreció 30 mil dólares, en un principio, para que permitir el aterrizaje de aviones cargados con cocaína procedentes de Sudamérica.

Es de mencionar que entre los testigos protegidos que declararon contra los generales está el abogado Roberto López Nájera, con nombre clave Jennifer, quien trabajaba para el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

También se encuentra, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, éste último al que la PGR le dio el nombre clave de Mateo, y quien era el segundo al frente del cártel.

Sin embargo, ha quedado demostrado que dichos testigos mintieron, motivo por el cual la PGR inició una averiguación previa contra estos delincuentes, a partir de las liberaciones del general Tomás Ángeles y del ex titular de la SIEDO Noé Ramírez Mandujano.

Ahora, el juez Raúl Valerio Ramírez comenzará a cancelar todas las audiencias que están programadas para el presente mes, para decretar formalmente el cierre del periodo de instrucción y notifique a la PGR que presente sus conclusiones sobre este caso, ya sean acusatorias o no.