Eugenia Jiménez/Milenio
MÉXICO, D.F.- El gobierno de Guerrero violó la Constitución al momento de apoyar y financiar a los grupos de autodefensa, afirmó Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Señaló que al otorgarles recursos, armas y facultades que corresponden al estado los “alentó” en su objetivo de asumir labores de seguridad pública.

Ahora ha detenido a algunos de sus integrantes, con lo cual fomenta un uso sesgado de la justicia, aseguró el ombudsman.

Al presentar el Informe Especial sobre los Grupos de Autodefensa en Guerrero, dio a conocer que de enero al 6 de junio de este año el gobierno otorgó seis millones 168 mil pesos a la CRAC y cinco millones 447 mil a la UPOEG en numerario, ambulancias, camionetas, vehículos con blindaje, uniformes, despensas, equipos de comunicación, playeras y gorras.

La seguridad pública en Guerrero, dijo, “enfrenta un momento muy sensible y delicado”, no solo por la violencia, sino por las “estrategias ineficaces para el combate a la inseguridad”.

Como consecuencia de este aumento de la violencia y la falta de una respuesta eficaz, además de la impunidad y el abandono de las autoridades estatales para combatirla, varios grupos han decidido tomar de la seguridad para defenderse y “hacerse justicia por su propia mano”.

Incluso dijo que en poblaciones como Arcelia hay un número importante de casas abandonadas y negocios cerrados. Los inmuebles tienen huellas de violencia, como orificios de arma de fuego en las fachadas.

La violencia, impunidad y negligencia, mencionó, no es privativa de zonas marginadas o de indígenas, pues también se dan en concentraciones urbanas.

Solicitó al Senado analizar la situación que impera en el estado, sobre todo la parte del “abandono en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública”.

Al gobierno estatal pidió establecer condiciones que abonen a la plena vigencia del Estado, recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden en los municipios.

En tanto, al Congreso estatal exigió analizar las condiciones en que se encuentran los 46 municipios donde hay presencia de grupos de autodefensa.

Si continúa la inseguridad, el próximo año podría dar a conocer un informe sobre la violación de los derechos humanos.